La Fiscalía Superior de Andalucía ha emitido un dictamen favorable al cierre de Castro del Río, único municipio de la provincia de Córdoba propuesto por el Comité de Alto Impacto de la Junta de Andalucía para quedar sin movilidad durante la próxima semana por su alta tasa de incidencia. Al igual que con la localidad del Guadajoz, el organismo está a favor del cierre de Montefrío (Granada) y La Campana (Sevilla), y así lo ha remitido a la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA para su posterior resolución.

Este pronunciamiento se produce después de que la Junta volviera a decretar, a partir de las 00:00 de este jueves, el cierre perimetral y de la actividad no esencial en Montefrío por tercera vez, y por segunda de La Campana y de Castro del Río, que ha vuelto tras una semana de apertura.

Según ha informado este viernes en un comunicado, la Fiscalía Superior, coordinada desde las sedes de Granada y Sevilla, ratifica por tanto la orden de la Consejería de Salud por la que se confinaba a esos municipios como medida sanitaria para la contención de los elevados índices de contagio por covid-19.

Los tres municipios tiene una población cercana a los 5.300 habitantes, y su cierre perimetral ha sido ratificado por la Fiscalía Superior por tercera vez en el caso de Montefrío y por segunda en los municipios de La Campana y Castro del Río.

En Montefrío se ha detectado la cepa británica circulante, que se considera más contagiosa y, aunque la población completamente vacunada ascienda ya al 20% y con una sola dosis al 34%, la Fiscalía cree que no existe confirmación de que las personas vacunadas no puedan transmitir la enfermedad si se contagian.

El Ministerio Público considera que las decisiones adoptadas encuentran una habilitación legal suficiente para que pueden acordarse y que todas las restricciones en derechos fundamentales acordadas resulten justificadas conforme a un criterio de proporcionalidad.

Por otra parte, señala que la tendencia mostrada durante los últimos siete días en la evolución del contagio a la baja, permite considerar que las medidas restrictivas acordadas en las dos últimas semanas muestran un resultado favorable, de manera que puedan cesar incluso antes del plazo establecido en la orden de la Junta, fijada hasta el 26 de mayo.

Los dictamines de la Fiscalía señalan la habilitación legal que sustenta esta orden de cierre perimetral de la Junta de Andalucía en la Ley Orgánica 3/1986 del 14 de abril en material de salud pública, en la que se habilita a las autoridades sanitarias competentes para adoptar las medidas que consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible. También apunta el artículo 55 del Estatuto de Autonomía para Andalucía en la Ley 2/1998 de Salud de Andalucía y en la Ley 16/2011 de Salud Pública de Andalucía.

Señala también que ciertos límites al ejercicio de algunos derechos se imponen por la necesidad de evitar que su ejercicio pueda entrar en colisión con otros valores constitucionales tan esenciales como los vinculados con una efectiva protección de la salud, especialmente, de personas vulnerables.

Los dictámenes de la Fiscalía informan de que la medida adoptada cuenta por tanto con "la habilitación legal suficiente y resulta proporcionada a la compleja situación de riesgo sanitario para la ciudadanía en que nos encontramos, justificándose por el deber activo de garantizar la salud pública que compete a los poderes públicos en un estado de pandemia".

También señala que las restricciones van a ser limitadas a una duración temporal mínima, la evaluación continua del riesgo, la posibilidad de desplazamientos para situaciones de necesidad y la restricción también se vincula con la presión hospitalaria y el grado de ocupación que presentan las Unidades de Cuidados Intensivos.