Habrá restricciones, un control exhaustivo sobre las piscinas y recargos en las facturas si se superan los umbrales del consumo habitual. La ordenanza provincial reguladora de medidas excepcionales por la sequía, ya aprobada de manera inicial por el Pleno de la Diputación de Córdoba, recoge un amplio paquete de medias, desde campañas de concienciación hasta sanciones económicas, que la Empresa Provincial Aguas de Córdoba (Emproacsa) aplicará próximamente en los municipios si la grave sequía persiste, como parece previsible.

El documento se encuentra en periodo de exposición pública y su aprobación definitiva será previsiblemente en septiembre, momento a partir del cual las familias, las empresas y los organismos públicos tendrán que extremar el control -si no lo hacen ya- sobre su consumo de agua.

La ordenanza recuerda que la provincia sufre endémicamente periodos de sequía que conllevan una "insuficiencia" de recursos hídricos necesarios para abastecer la demanda existente, a lo que se suma que el fenómeno de la sequía "revista una importante complicación en su predicción, gravedad y duración".

En el sistema mediterráneo, al que pertenece Córdoba, pueden afrontarse episodios breves de sequía (con una duración de uno a tres años) o prolongados en el tiempo (cuando las precipitaciones por debajo de los normal se suceden durante diez o más años). En estas circunstancias, como es la actualidad, la provincia se enfrenta con limitaciones en las infraestructuras de los sistemas de abastecimientos que "comprometen de manera grave el servicio a la población". Hasta el momento, no existían los instrumentos normativos provinciales para afrontar estas situaciones extremas, un vacío que la nueva ordenanza quiere llenar.

¿Cómo lo hará? La empresa pública Emproacsa, encargada de hacer llegar el agua a los municipios cordobeses y en la mayoría de ellos, también de la gestión del ciclo integral, aplicará "limitaciones y restricciones" en casos como el actual, en que está declarada la situación de emergencia por la falta de agua. Estos recortes afectarán al riego de jardines, árboles, zonas verdes y deportivas, tanto públicas como privadas; a la limpieza viaria; al llenado de piscinas particulares y públicas, así como a fuentes y estanques, e incluso a la limpieza de vehículos privados en instalaciones ubicadas en gasolineras, centros comerciales o garajes cuando se utilice "agua de la red de abastecimiento". Es decir, adiós a lavar el coche el domingo con la manguera.

La Diputación se reserva asimismo el derecho a "imponer restricciones al consumo" y a "interrumpir el suministro de agua" durante las franjas horarias "que se determinen", por una duración "no superior a 24 horas".

Recargos para los consumos "excesivos"

También pondrá marcar "objetivos de ahorro", y los consumos que superen estos límites se considerarán "excesivos" y se les aplicarán las "medidas de desincentivación" que también aparecen recogidas en la ordenanza. ¿En qué consistirán? La factura llegará con "recargos", que empiezan con el 50% aplicado al volumen de agua que exceda el umbral considerado normal y puede llegar al 100% en el caso de que se acredite un derroche de líquido.

La normativa distingue entre suministros con uso doméstico, organismos oficiales y particulares en alta. Tanto las instituciones públicas como los hogares no podrán superar los 30 metros cúbicos al trimestre (en el caso de que haya más de cuatro convivientes, se otorgan nueve metros cúbicos extra por persona de más). En cuanto a los suministros con uso industrial o comercial, se tendrá en cuenta el gasto del mismo periodo del ejercicio anterior o la mediad de los últimos tres años. La ordenanza avisa de que los recargos serán de aplicación desde la fecha en que se haya efectuado la declaración de emergencia por sequía, y se prorrateará con relación al trimestre facturado. 

Para velar por el cumplimiento de la nueva normativa, la empresa pública implementará medidas de control. Esto consistirá, básicamente, en la instalación de dispositivos limitadores, que se pondrán "a costa del usuario". En el caso de los llamados grandes consumidores -clientes cuyo consumo trimestral supere los 500 metros cúbicos-, será obligatorio disponer de un contador telecontrolado, también "a cargo del cliente". El plazo para disponer de este mecanismo será de un mes a partir de la publicación de la normativa.

Las piscinas serán objeto de un mayor control, y se creará un censo provincial de todas las instalaciones, incluidas las unifamiliares. Los propietarios deberán realizar ensayos de estanqueidad y control de fugas con periodicidad anual. Las piscinas de nueva construcción y las sometidas a reforma deberán contar con un certificado de estanqueidad que emitirá el constructor o el fabricante; todas estas, además, deberán incorporar una instalación para la aplicación de un tratamiento físico y químico para la reutilización del agua para usos distintos del baño.

Las piscinas ya existentes disponen de un plazo máximo de cuatro años para su adaptación total. En caso de incumplimientos y en situaciones de sequía, Emproacsa podrá restringir el llenado o el vaciado. Y otro pago a costa del contribuyente: el coste de las visitas efectuadas por personal de Emproacsa o por una empresa especializada para fiscalizar que se cumplen las exigencias será abonado "por el titular de la piscina". 

Emproacsa también reserva un artículo completo de la ordenanza para abordar la "concienciación y sensibilización ciudadanas", aspectos que considera claves. Así, ve "prioritaria" la realización de campañas sobre las consecuencias ambientales (erosión del suelo, migración de la fauna o pérdida de la biodiversidad) provocadas por la sequía. Las futuras campañas abordarán asimismo el impacto económico (aumento de las tarifas de agua, cese de actividades económicas o pérdida de cultivos y cabezas de ganado) y social (disminución de la calidad del agua potable, problemas sanitarios y migración) causada por el bajo nivel de los pantanos.