El 70% de los ayuntamientos de Córdoba no rinden cuentas ante la Diputación tras recibir dinero de convenios

Las diputaciones son las administraciones que más invierten en los municipios de menos de 20.000 habitantes. Financian algunas de las principales obras en los pueblos y, con sus subvenciones, ayudan a mantener la vida social y cultural de los núcleos más pequeños. Aunque, una vez liberado el dinero, el control sobre su destino se difumina. Es una de las principales advertencias que realiza la Cámara de Cuentas de Andalucía en un informe de fiscalización recién publicado en relación al ejercicio económico de 2023. En el año electoral, la institución provincial estuvo gobernada por el PSOE y, después de los comicios, por el PP.

La Cámara de Cuentas alerta de que los niveles de rendición de convenios y contratos de las entidades incluidas en el ámbito territorial de la Diputación de Córdoba son "bajos". En el caso de los contratos, el 58% de los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes no remiten información, incumplimiento que supera el 70% en el caso de la remisión de convenios. Por otra parte, el 55% de las entidades no han remitido información relacionada con el control interno. Y ello puede deberse, recuerda la Cámara, a "la escasez de recursos de los municipios y del personal de asistencia de la propia Diputación".

Los ayuntamientos puntúan con un 7,7 la asistencia de la Diputación

Con el fin de conocer el grado de satisfacción de los ayuntamientos por la asistencia recibida de la Diputación de Córdoba, la Cámara de Cuentas remitió un cuestionario a una muestra de 30 municipios, en el que los ayuntamientos respondieron sobre una escala de 10 puntos. La puntuación fue del 7,7, un notable.

Todos los municipios manifestaron que en algún momento han solicitado apoyo a la Diputación para la asistencia, principalmente en materia jurídica, urbanismo, informática y asesoramiento contable. Y en todos los casos, señalan que la Diputación pone a su disposición los medios necesarios para la comunicación de los requerimientos de asistencia, principalmene sede electrónica, aunque también se utilizan medios informales como teléfono o correos.

En relación con la agilidad de la prestación de la asistencia, las respuestas fueron variadas. El 42% contestaron con un "siempre ágil", el 19% con un "casi siempre ágil", el 23% con "habitualmente ágil", el 8% considera que "casi nunca es ágil" y el 8% restante censura que "nunca" es ágil.

En cuanto a la demanda de una mayor implicación de la Diputación en relación con la asistencia, el 58% consideran que la implicación "debe ser mayor", principalmente en materia de administración electrónica, contratación, asistencia jurídica y protección de datos y el 35% creen que es "suficiente".

El informe de la Cámara destaca, además, que el 42% de los consistorios manifestaron que nunca reciben información de la corporación en relación con novedades legislativas y sobre las obligaciones de rendición de información al Ministerio, al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas. Por último, un 27% de localidades reconoció que contrataron a empresas privadas para recibir asistencia en materias de urbanismo, asistencia jurídica, asistencia contable, recursos humanos, prevención de riesgos laborales y auditoría.

Recomendaciones de la Cámara de Cuentas a la Diputación de Córdoba

El organismo fiscalizador concluye su estudio con nueve recomendaciones de prioridad "alta" y dos de prioridad "media". Entre las principales, se encuentra la necesidad de realizar una valoración del estado actual en el que se encuentran las necesidades específicas de asistencia en materia jurídica, económica y técnica de los ayuntamientos". Esto permitirá elaborar una planificación adecuada de las actuaciones en esas materias, diseñar los objetivos y las prioridades y establecer calendarios de desarrollo de programas y proyectos.

Para ello, "se debería llevar a cabo una evaluación periódica de las actuaciones desarrolladas y los resultados obtenidos, al objeto de realizar una adecuada planificación de su actividad, valorar las necesidades de los ayuntamientos, identificar aspectos susceptibles de mejora y el cumplimiento de sus objetivos y obligaciones de asistencia".

También aconseja aprobar una normativa conjunta reguladora de la asistencia que presta a los municipios con el fin de disponer de criterios para determinar la organización del servicio y reglar la ejecución de las funciones de asistencia, así como revisar el organigrama con el objetivo de centralizar las funciones de asistencia y optimizar la coordinación. "De esta forma, se podrían evitar posibles solapamientos entre las competencias".

En relación con lo anterior, aconseja analizar la distribución y composición de la plantilla, con el fin de dotarla de recursos humanos y medios técnicos suficientes y adecuados que permita ofrecer una asistencia acorde con las necesidades de los municipios y ampliar los ámbitos de asesoramiento. Asimismo, apremia a elaborar catálogos o relaciones de servicios conjuntos de la actividad asistencial, que se publiquen en la página web de la entidad con el objeto de que los ayuntamientos conozcan de forma clara, accesible y completa los servicios y prestaciones puestos a su disposición.

También plantea "implantar un sistema informático de registro y gestión de las solicitudes de asistencia, que permita recoger las distintas situaciones que puedan presentar los expedientes y realizar cálculo de los plazos en función de las distintas fases de tramitación y tipo de expediente". Este instrumento permitiría detectar los puntos donde se producen cuellos de botella, analizar las causas y subsanar las desviaciones respecto a los objetivos de planificación.

Otras recomendaciones son implantar un modelo de contabilidad analítica que le permita cumplir con las funciones de coordinación y dotar con mayores recursos el personal funcionario con habilitación nacional, con el fin de poder promover el asesoramiento en materia de control financiero y auditoría pública.