Subbética

El Ayuntamiento de Lucena defiende que "no ha cerrado ningún comercio" por incumplir la ley de accesibilidad

  • El concejal de Urbanismo, César del Espino, descarta cualquier "agravio comparativo" para beneficiar a la entidad financiera de la calle El Peso

César del Espino, concejal de Obras y Urbanismo de Lucena.

César del Espino, concejal de Obras y Urbanismo de Lucena. / El Día

El equipo de gobierno de Lucena niega cualquier “agravio comparativo” en la exigencia del cumplimiento de la ley sobre accesibilidad universal en los espacios privados con uso público y reitera que “no ha cerrado ningún comercio” por la existencia de barreras arquitectónicas.

La consonancia con el argumento “general” del Partido Popular, relativo a la persistencia –durante tres años- de obstáculos insalvables para las personas con movilidad reducida en la única sucursal que opera en Lucena del Banco Santander, ha coexistido, en la réplica del concejal de Urbanismo, César del Espino (PSOE), con el reproche a los populares por originar “una polémica vacía”.

El concejal socialista ha justificado la demora en ejercer acciones contra la entidad financiera en los condicionantes  y los trámites inexcusables que definen los procedimientos administrativos. “A lo mejor querrían una actuación más drástica, más vistosa de cara los medios, pero el Ayuntamiento no puede trabajar así”, ha puntualizado Del Espino.

Sobre las decisiones inaplazables que exige el PP, César del Espino ha sostenido que “afortunadamente no estamos en un estado policial” y, en consecuencia, “no es tan sencillo cuando la entidad presenta propuestas y hay que analizar, contestar y, en su caso, rechazar”. El responsable del área de Urbanismo si ha aseverado que el Ayuntamiento ya ha dictado “varios requerimientos”.

Al valorar esta controversia, Del Espino sí ha calificado de “absolutamente indeseable esta situación” por parte del banco, al que responsabiliza de una “actitud totalmente bochornosa” ya que, a su juicio, “no tiene explicación” vulnerar la ley de accesibilidad de Andalucía durante, al menos, tres años.

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