Las organizaciones agrarias y las cooperativas de Córdoba consideran que una de las grandes demandas del sector es la necesidad de "ampliar y mejorar los regadíos en Córdoba para garantizar un futuro a las explotaciones de nuestra provincia".

Entre las peticiones que realizan, se encuentra poner en Córdoba un mínimo de 150.000 hectáreas en riego a razón de 1.500 metros cúbicos por hectárea con los 228 hectómetros cúbicos no utilizados en la provincia del Plan Hidrológico anterior.

También, consideran prioritaria la finalización de la zona regable del Genil-Cabra según estaba prevista, por lo que desde las organizaciones agrarias y las cooperativas se considera positivo que en el nuevo Plan Hidrológico se contemple la ampliación de 23.950 hectáreas a 31.250 hectáreas, pero manteniendo las dotaciones de agua originales y aprobadas en su día para esta zona regable, y no con una inaceptable reducción para todos los comuneros, los actuales y futuros, lo cual contraviene la normativa por la cual se creo está zona regable.

Además de ello, debería también autorizarse la ampliación del Genil-Cabra en la margen derecha del canal, lo cual tampoco se incluye en el Plan.

Las organizaciones también solicitan la modernización de los riegos con toma directa del Guadalquivir y que realicen nuevos riegos en el Guadajoz, ya previstos en el plan hidrológico, así como terminar su regularización.

Por otro lado, las organizaciones agrarias y las cooperativas, argumentan que "se puede comprobar cómo sigue yendo mucha agua al mar durante diferentes épocas del año" y, ante ello, "deberían permitirse bombeos directos a balsas de aguas de escorrentía invernales, además de eliminar las trabas a la construcción de balsas y microembalses; en muchos casos por la falta de coordinación entre la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y las consejerías competentes en agricultura y medio ambiente".

Un claro ejemplo de ello, anotan, son los riegos de Jauja, a los que la CHG les deniega la posibilidad de hacer una balsa con medios propios y bombear aguas de escorrentía del Genil, aguas que se pierden al mar, lo cual es un sinsentido.

Dentro de las peticiones del sector, se encuentra también evitar las limitaciones al uso de aguas regeneradas, "lo cual frena la inversión y la generación de riqueza", así como dar permisos para su uso. Sugieren también, permitir el uso de aguas subterráneas de pozos, agilizando su tramitación y poner en marcha la estación de bombeo del embalse de la Breña, para aprovechar las aguas de escorrentía del Guadalquivir.

Para las entidades, son también importantes las autorizaciones de microembalses y balsas para el abastecimiento de agua para el ganado, solucionar el problema del tapón salino que con 150 millones de euros estaría resuelto y se liberarían otros cerca de 100 hectómetros cúbicos. Por ello, consideran que "es preciso igualmente realizar un mantenimiento de los cauces y embalses, limpiando los mismo de forma periódica".

Las organizaciones agrarias y las cooperativas subrayan que hay datos contundentes que demuestran que estas necesidades "pueden convertirse en realidad, ya que Córdoba tiene una infradotación de regadío muy notable frente a otras provincias". Es la provincia de la cuenca del Guadalquivir que más agua almacena (un 49,55%) y la que menos riegos tiene (sólo un 16,83%). Por ejemplo, Córdoba es la provincia que menos porcentaje de olivar en riego tiene en esta cuenca (sólo un 14,39%) a pesar de ser la segunda en superficie de olivar.

Además, en la provincia, por diferentes motivos y, según datos de la Consejería de Agricultura, se han dejado de usar desde los años 90 o no se han asignado dotaciones previstas en el Plan Hidrológico, un mínimo de 228 hectómetros cúbicos, mientras que en otras provincias se han ido incrementando los regadíos desde esas fechas.

Por último, insisten en que tampoco se puede olvidar que en esta Cuenca del Guadalquivir hay unas importantes zonas ganaderas en la sierra que, a veces, tienen problemas muy serios de abastecimiento de agua para el ganado, que podrían solucionarse con autorizaciones de microembalses y balsas de un volumen mínimo, que no se permiten actualmente al estar en cauces públicos, o facilitando la realización de pozos, que tampoco se autorizan.