"La dosis que me ponen no le ha sido hurtada a ningún trabajador del centro y, por supuesto, a ningún residente". Es la explicación que la alcaldesa de Torrecampo, la socialista Francisca Alamillo, ha ofrecido en su perfil de Facebook tras la polémica suscitada por su vacunación contra el coronavirus junto a los residentes y los trabajadores de la residencia municipal, unos hechos por los que la Junta de Andalucía ha abierto una investigación.

Según ha explicado la primera edil, el día 18 de diciembre a las 21:00 el Área Sanitaria Norte informa a los directores de residencias que se va a empezar a vacunar a los centros de mayores y que deben enviarles una relación de trabajadores y usuarios a la mayor brevedad posible para poder gestionar el proceso.

En el caso de la residencia de Torrecampo, de la que es presidenta, el día 19 de diciembre a las 17:00 se remite un documento a la directora de Enfermería indicándole las personas (residentes y trabajadores) que desean vacunarse y las que no, las personas que estaban en situación de baja, quienes no han comunicado nada y quienes finalizan en breve contrato y pueden seguir o no. Igualmente, se comunica la relación que le vincula a la residencia. También según su versión, manifestó un "deseo expreso": "No ser vacunada hasta que me corresponda por el grupo de población al que pertenezco".

Cuando comienzan a realizarse los test de antígenos, y teniendo en cuenta que dice visitar la residencia semanalmente como componente del organigrama de la misma "y no como cargo político", la enfermera gestora de casos da su autorización a que le realicen la prueba.

En principio, la fecha de vacunación era el día 5 de enero, pero debido al retraso en este proceso que hay en Andalucía el Área Sanitaria comunica que avisarán el día anterior. El 11 de enero a las 10:20 se produce ese aviso, indicando que al día siguiente, el día 12, se vacunaría a las personas de la residencia. "Es en ese momento cuando la dirección del centro, sin seguir las indicaciones, envía un segundo listado modificado al Área Sanitaria, el documento inicial actualizado, ya que se habían producido variaciones con respecto al que se remitió el día 18 de diciembre", explica Alamillo.

El día 12 llegan a la residencia las vacunas y las enfermeras vacunan sobre el documento que poseen en ese momento. A la cita no acude una trabajadora y otra que en principio se la iba a poner porque no está prestando servicios por fin de contrato. "Al final, sobran dos vacunas y las enfermeras pidieron a la dirección del centro que llamara a dos personas rápidamente", relata la primera edil. "El director dijo que en 30 segundos se presentarían dos personas”.

Ante esta situación y teniendo en cuenta que "habían indicado que las personas de baja no se vacunan", la dirección del centro llama a una auxiliar y a la regidora, según su versión: "Como presidenta, puesto que acudo centro todas las semanas". "Por lo tanto, la dosis que me ponen no le ha sido hurtada a ningún trabajador del centro y, por supuesto, a ningún residente", justifica.