Entre el 9 y el 10 de diciembre está previsto que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial acoja el juicio contra el alcalde de Nueva Carteya, Vicente Tapia (IU), acusado de presuntos delitos contra el medio ambiente, de lesiones y de prevaricación por, supuestamente, permitir la organización de celebraciones en unas carpas anexas a un restaurante que no contaba con las licencias oportunas. En el banquillo también está previsto que se siente F. V. I., dueño del restaurante, y acusado de un delito de lesiones y otro contra el medio ambiente. 

La Fiscalía solicita para Tapia seis años y cuatro meses de cárcel, más de 17.000 euros en concepto de multa y su inhabilitación para ocupar un cargo público durante 14 años. Para el otro acusado pide cuatro años de cárcel, una multa de 6.300 euros y su inhabilitación como gerente en el ámbito de la restauración durante cuatro años.

Según expone la memoria del Ministerio Público, el restaurante tenía licencia de actividad desde 2008, si bien desde 2007 venía celebrando todo tipo de eventos, como bodas o comuniones, usando el propio local, pero instalando además dos carpas que no tenían permiso. Según la Fiscalía, en las carpas había hasta 16 unidades de aire acondicionado y equipos de sonido.

Los ruidos generados en este espacio causaban las molestias a unos residentes en el municipio, una pareja que vivía justamente a ocho metros de las carpas. La Fiscalía expone en su escrito de acusación que el alto nivel de ruido generado en las carpas y el restaurante se agravaba al ser una zona residencial, unido ello a la cercanía con el domicilio de los denunciantes y el horario nocturno de las celebraciones.

Este matrimonio llegó a poner más de 30 denuncias por ruido y llegaron a comentarlo directamente con Tapia desde el mismo año 2007. En el escrito de la Fiscalía se asegura que ni Tapia ni el Ayuntamiento han acordado "medida alguna para solucionar o si quiera paliar el problema", ni se ha iniciado expediente sancionador.

En febrero de 2016 uno de los denunciantes decidió acudir directamente a la Guardia Civil que se personó en el lugar y pudo comprobar el ruido con la celebración de un evento donde había más de 100 personas.  En julio, y ordenado por el juzgado instructor, se desplazó hasta el restaurante una unidad móvil de medida de contaminación acústica de la Consejería de Medio Ambiente que examinó el ruido en tres fases, en todas ellas se superaban los 50 decibelios (límite que establece la normativa para zona residencial).

Como consecuencia de todo ello, el matrimonio denunciando ha sufrido varias consecuencias. La mujer padece insomnio y crisis de ansiedad habiendo estando sometida a ese ruido durante diez años. Ha precisado de tratamiento médico con ansiolóticos e hipnóticos. Por su parte, el hombre también ha sufrido malestar derivado en este caso por los mensajes hostiles que ha recibido en redes sociales.

Desde abril de 2018 que se ordenó el cese de la actividad en las carpas no consta que se hayan vuelto a organizar celebraciones en las mismas, aunque sí han continuado en el restaurante.