Una vez confirmada la última dimisión en la junta de gobierno del Colegio de Abogados de Lucena, 70 letrados, ejercientes en su territorio, solicitan la “inmediata” dimisión del decano, Diego Juan Chacón Morales. En el transcurso del mes pasado, cesaron de sus respectivas funciones todos los demás integrantes del órgano rector.

La abogacía lucentina, en una significativa mayoría, respalda el texto promovido por el exsecretario, Jesús López de Ahumada Beato, y que define como “excepcional e insostenible” esta tesitura. El listado con las 70 rúbricas –acompañadas del número correspondiente de colegiado- ha sido presentado este lunes, día 4 de enero, en la sede colegial, situada en la calle El Agua, y, simultáneamente, se ha enviado al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y al Consejo General de la Abogacía Española.

Además del grupo de dimisionarios que formalizó su salida en la primera semana de diciembre, es decir, Jesús López de Ahumada, Manuel Egea, Francisco Rodríguez, Francisco Pascual Ramírez y José Antonio Vigo; suscriben el escrito, pidiendo la renuncia del letrado ruteño, el anterior decano, Juan González Palma, u otros miembros destacados de anteriores juntas de gobierno, como el secretario, Juan Carlos Beato o el tesorero, Francisco José Marín.

El número de firmas, destaca un comunicado de prensa que informa de esta iniciativa, equivale a más del doble del porcentaje exigido para el voto de censura, de acuerdo al Estatuto General de la Abogacía, reglamento que establece, en este procedimiento, un 21% de los colegiados ejercientes. La regulación particular del Colegio de Abogados de Lucena obvia la distinción entre ejercientes y no ejercientes.

El objetivo último, expresa la misma nota, es el desarrollo de un proceso electoral que “alcance también al decano y en libre competencia”.

Las firmas también las reciben los componentes de la junta provisional designada por el Cadeca el pasado 28 de diciembre, con el mandato inicial de convocar elecciones para renovar las primeras vacantes, una decisión forzosa ante la dimisión de más de la mitad de los miembros de la junta de gobierno. Este grupo dirigente transitorio, presidido por el decano y completado por los abogados Araceli Montilla, José María Morillo-Velarde, Francisco Navas, Miguel Ángel Sánchez y Gabriel Campos, celebra este lunes a las 18:00 horas su primera reunión.

Discrepancias intensificadas hace un año

El origen de la salida encadenada de seis de los siete componentes del órgano directivo por los fuertes desacuerdos con la gestión del decano –hecho insólito en el panorama nacional-, se remonta un año atrás. La acentuación de las discrepancias motivaba que los tres diputados, el secretario, el tesorero y el bibliotecario le pidieran al letrado ruteño que se marchara. Un pacto subsiguiente, que implicaba la anticipación, a enero de este año, de las elecciones a todos los cargos, incluido el decano –es un sistema de listas abiertas-, sofocó temporalmente las tensiones al comienzo de la conmemoración del 150 aniversario fundacional.

A finales del último noviembre, Diego Chacón, cursó su candidatura a la presidencia del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, resultando finalmente elegido el viernes 27, después de dos años como vicepresidente.

Fuentes del grupo de dimisionarios aseveran que el decano, en ningún momento, informó de su propósito a la junta de gobierno y que supieron de su nombramiento a posteriori. Las mismas fuentes razonan que las intenciones manifestadas públicamente por Chacón Morales, de permanecer dos años al frente del CADECA, con la vinculación inseparable que supone al decanato, significaban un incumplimiento del compromiso apalabrado en enero del 2020. Este último episodio precipitó las inmediatas renuncias.

Con una trayectoria de 22 años en la junta de gobierno, Diego Chacón accedió al decanato en 2015 y fue reelegido en 2019, en ambas ocasiones sin oposición. En una circular enviada a los colegiados ejercientes, calificaba, el pasado 11 de diciembre, de “inesperadas e irresponsables” las dimisiones y las encuadraba en un espacio temporal “coincidente con tres bajas por covid-19 del personal administrativo”.

Rechaza cualquier “conflicto personal, profesional, colegial o institucional” y acusa a los exmiembros de la junta de gobierno de “quebrantar los períodos de servicio regulados en nuestro estatuto particular”.

Diferencia “la gestión de la junta de gobierno de la decanal” y define como “positivas” ambas, relatando diferentes hechos, consumados desde 2015, como el acondicionamiento y la inauguración de la sede colegial; la multiplicación por cuatro de los recursos económicos; la solución de “los graves conflictos institucionales con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y el Consejo General de la Abogacía Española"; la celebración de “relevantes” jornadas de formación “muy bien valoradas”; además de fiestas anuales con “destacadas Madrinas de Honor”; y excursiones, todo ello, concluye, “sin dejar de atender el resto de los servicios colegiales” de turno de oficio, asistencia a detenidos, disciplinarios, honorarios y ayudas económicas.