Suvilusa pone en alquiler sus viviendas para evitar la expropiación de la Junta

El Ayuntamiento de Lucena se muestra confiado en que la Junta de Andalucía no llegue a expropiar las más de 50 viviendas que aún están vacías en varias promociones realizadas por la empresa local de vivienda, Suvilusa. El concejal de Hacienda, José Cantizani (PSOE), explicó a pregunta de los medios que estos inmuebles ya se encuentran a disposición de las personas que lo necesiten en régimen de alquiler, por lo que la Junta "no podría expropiarlos" al estar en uso. Además, el edil explicó que el precio de estos alquileres puede considerarse como "social" ya que, en algunos casos, ronda los 200 euros "e incluye los gastos de comunidad y el IBI", siendo así asequible para personas que hayan perdido su vivienda por ejecuciones hipotecarias o familias que no puedan hacer frente a la compra de un piso.

En los presupuestos municipales de este año el Consistorio ha previsto la venta de dos de esos inmuebles, algo que no se ha conseguido en el primer trimestre del año y que en el primer arqueo trimestral ha dejado a la empresa local con una cuenta negativa de 26.392 euros. Pese a encontrarse también en venta, "el alcalde -Juan Pérez (PSOE)- firma contratos de alquiler prácticamente todas las semanas", aseguró el edil de Hacienda, quien puntualizó que en ningún caso la finalidad de Suvilusa es obtener una ganancia económica o comerciar con la vivienda, sino "que tiene una finalidad social", tal y como demuestra la nueva situación de acceso a este medio centenar de viviendas que se encuentran repartidas entre las zonas del Zarpazo y el plan parcial Oeste I.

Por este motivo, Cantizani llegó a afirmar que "tampoco nos asusta que esos pisos fuesen expropiados" por la Junta siempre y cuando "la finalidad siga siendo proporcionar viviendas a aquellos que lo necesitan". Así las cosas, el Ayuntamiento se mantendrá a la espera de las decisiones que lleguen desde Sevilla en torno a este decreto autonómico sobre el que la propia consejera de Vivienda, Elena Cortés (IU), comentó durante una visita a la localidad que servirá "hacer de la vivienda un derecho humano y no un producto financiero u objeto de especulación", articulando así mecanismos como la puesta a disposición de la ciudadanía de "entre 700.000 y un millón" de viviendas vacías en toda Andalucía.