Suspendido el jefe del SAU por firmar proyectos privados sin autorización

La Delegación de Recursos Humanos y Cooperación al Desarrollo de la Diputación de Córdoba ha suspendido de empleo y sueldo por un plazo de tres meses al jefe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo (SAU) por desarrollar actividad privada durante años al margen de su responsabilidad en la institución provincial sin estar autorizado para ello. El expediente disciplinario considera al funcionario responsable de una falta de "carácter grave" y recuerda que para el personal que presta servicio en la corporación, con carácter general, "rige la prohibición total y absoluta para ejercer cualquier tipo de actividad privada". Es el Pleno, en todo caso, el órgano que debe autorizarla, cosa que en este caso no ocurrió.

El caso saltó a la luz hace más de un año, después de que un grupo de arquitectos denunciara los hechos. El pasado julio, Recursos Humanos inició una investigación reservada, de cuyo cierre informó la diputada Pilar Gracia en octubre tras concluir -dijo entonces- que no existían indicios de una posible actividad paralela. Pero los denunciantes no se dieron por vencidos y el 20 de noviembre requirieron de nuevo al equipo de gobierno que investigara. En su nuevo escrito, los profesionales amenazaron con emprender acciones por la vía judicial si no recibían en el más breve de tiempo posible una respuesta convincente tras aportar nuevos datos sobre presuntas incompatibilidades referidas al responsable del SAU.

La nueva investigación se cierra ahora con la suspensión de empleo y sueldo por un plazo de tres meses. El instructor concluye que, de los documentos aportados, "se deduce el ejercicio de actividad profesional privada constitutiva de infracción disciplinaria". El inculpado, de hecho, reconoció desde el primer momento dicha actividad, aunque alegó que "siempre ha creído sentirse amparado por las comunicaciones remitidas por el Colegio de Arquitectos en base a su adscripción territorial". Esto es, que el órgano colegial prohibía la firma de proyectos en municipios que tuviera asignados por su trabajo en el SAU -en su caso, Almodóvar del Río, La Carlota, Fuente Palmera, Guadalcázar, Hornachuelos, Palma del Río, Posadas, San Sebastián de los Ballesteros, La Victoria, Encinarejo y Fuente Carreteros.

La práctica de "trabajo irregular" arrancaría en el ejercicio 2003 y se mantuvo hasta el año pasado, cuando el caso saltó a la luz pública. El instructor concluye que esta actividad ha resultado "a todas luces inadecuada", máxime cuando por su categoría profesional y encuadramiento jerárquico "debía conocer la obligación de solicitar compatibilidad" y que este paso, además, es independiente de lo que deontológicamente le pudiera exigir el Colegio de Arquitectos. El propio investigado reconoce proyectos profesionales de carácter privado comprendidos entre las anualidades de 2011, 2012, 2013 y 2014, lo que ha quedado demostrado -según el instructor- en virtud de los certificados aportados por el órgano colegial.

Ya en la década de los 90 hubo dos casos de incompatibilidad en el SAU; desde entonces, sin embargo, la Diputación no ha articulado mecanismo alguno para evitar nuevos episodios. En el Pleno de diciembre, el grupo de IU llegó a pedir la dimisión de la diputada de Recursos Humanos por su gestión del caso; la oposición en bloque reprobó a Gracia, que fue respaldada por el equipo de gobierno y aseguró que llegaría hasta el final "caiga quien caiga".