Una caravana de camiones colapsará y paralizará la autovía A-45, en sentido Málaga, el próximo lunes 20 de diciembre desde La Rambla hasta la salida número 79, en la conexión con la aldea El Tejar, en el término municipal de Benamejí. Es la movilización de protesta particular de los transportistas del sur de Córdoba, en el primer día de un paro nacional que se prolongará 72 horas, por el “caso omiso” del Gobierno central a unas peticiones de este sector demandadas “durante años”.

Es una “marcha lenta” convocada por Atransur, el colectivo que agrupa a más de 100 trabajadores del transporte -con unos 400 vehículos- enraizados en las comarcas de la Subbética y la Campiña cordobesas. Esta ruta reivindicativa partirá desde la glorieta que enlaza con la carretera N-331 y avanzará por la autovía, durante tres horas, desde el kilómetro 27. En total, más de 50 kilómetros hasta, prácticamente, la frontera con la geografía malagueña.

La asociación radicada en Lucena expresa sus disculpas anticipadas por los menoscabos económicos y sociales que ocasionará esta acción en el asfalto y las molestias soportadas por otros trabajadores y la sociedad en general. “No nos queda más remedio”, contraponen, ya que “no se nos ha hecho caso prácticamente ninguno” desde que, en última instancia, presentaron al Ejecutivo central, en febrero del 2020, un listado de necesidades capitales.

Entre otras solicitudes, el presidente de la Asociación de Transportistas del Sur, el letrado lucentino Francisco Javier Ruiz, ha mencionado que exigen la prohibición de la carga y descarga encomendada a los transportistas porque “somos conductores, no tenemos formación ni conocimientos como mozos de almacén” e, incluso, ha remachado, “está prohibido por ley”. Este argumento no es óbice, insisten, para que “se aprovechen de nosotros”, ha indicado Ruiz, acompañado por Antonio Porcel, presidente de la entidad gremial.

La Asociación de Transportistas del Sur secunda el “paro”, en el conjunto del territorio español, promovido por el Comité Nacional del Transporte por Carretera y avanzan que, de enquistarse las soluciones, habrá una huelga “indefinida”.

"Un trato degradante e inhumano" durante la pandemia

“Hemos querido establecer, por todos los medios, líneas de negociación” con el Gobierno y, hasta el momento, “no ha sido posible, agotándose la paciencia”. Observan “falta de sensibilidad” tanto en los clientes como en los usuarios. En concreto, sostienen, los cargados se benefician y exprimen “su posición de dominio” en virtud de la normativa vigente y “no somos capaces de repercutir el precio del carburante en nuestro servicio de transporte”.

En la comparecencia ofrecida en Lucena, han expresado su decepción y malestar por el “trato degradante e inhumano” soportado en los meses más afanosos de la pandemia ya que, a pesare de que “siempre hemos garantizado el transporte del material sanitario, medicamentos o alimentación” y "no ha habido nunca ningún problema", denuncian, “en muchos casos nos han negado la posibilidad de entrar a los servicios de las áreas de descanso por ser motivo de contagio”.

La última reunión mantenida en Madrid con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, concluyó “sin acuerdo”. La propuesta presentada por el departamento del Gobierno “supone un avance”, aunque “aún queda lejos de los objetivos”, sobre todo en lo concerniente a las condiciones laborales de los conductores y a la consecución de un “pulmón económico” para profesionales y empresas. Sí ponderan la presencia de la ministra quien “mostró su preocupación por el estado del sector, su conocimiento de los problemas y su voluntad de alcanzar una solución acordada”.

Estos transportistas acentúan la urgencia de un procedimiento legislativo promovido con “extrema celeridad” por la “situación crítica” de este sector profesional.

Otras peticiones defendidas son la oposición a la tarificación de infraestructuras; la modificación de la ley de contrato de transporte; desarrollo de medidas eficaces en la lucha contra el fraude y competencia desleal; una armonización fiscal; el mantenimiento del régimen de gasóleo profesional y la creación de un modelo alternativo para los vehículos dotados de autorización de transporte de menos de 3,5 Tn de MMA; y afianzamiento de las ayudas al abandono de la actividad y a la formación.