Salud investiga la vacunación contra el covid en la residencia de disminuidos de la Diputación de Córdoba

La vacunación contra el covid-19 sigue deparando sorpresas. Quién debe inmunizarse y cuándo aún es motivo de controversia, y la lista de posibles intrusos entre los grupos prioritarios va en aumento. La Delegación de Salud y Familias ha iniciado una investigación para aclarar el procedimiento que se ha seguido en la residencia de disminuidos que la Diputación de Córdoba gestiona en la barriada periférica de Alcolea después de que la propia institución provincial haya admitido que entre el personal inmunizado se ha incluido a liberados sindicales.

Fuentes de la Delegación del Gobierno han confirmado que ya se están haciendo averiguaciones. La Junta, además, ha pedido explicaciones al presidente de la Diputación, el socialista Antonio Ruiz, sobre el procedimiento.

La inclusión de sindicalistas en las listas de vacunación se ha cuestionado desde el inicio del proceso, y en Asturias ha provocado un agrio debate tras conocerse que el Servicio de Salud del Principado (Sespa) ha metido a personal directivo y a representantes de los trabajadores en los grupos prioritarios. Y ello pese a que miembros del Comité Asesor de Vacunas han avisado abiertamente de que la actuación "se sale" del protocolo acordado entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad. En Andalucía, aún no había trascendido ningún caso de este tipo.

El diputado provincial de Bienestar Social de Córdoba, Francisco Ángel Sánchez (IU), ha justificado que la vacunación responde al plan de inmunización. "Todas las personas vacunadas son trabajadores vinculados al centro, y se ha actuado según lo establecido en nuestro plan de vacunación, que es conocido por todos y está coordinado junto a la autoridad sanitaria", ha explicado el diputado.

El responsable político del centro de Alcolea ha subrayado que "se ha actuado conforme a lo establecido en el plan, coordinado con Salud y en el marco de la estrategia de vacunación estatal, bajo el estricto control de la autoridad sanitaria".

"Es importante tener en cuenta que las personas usuarias del centro de Alcolea son especialmente vulnerables, por lo que es esencial que evitemos todo posible riesgo de contagio que pudiera producirse a través de los trabajadores que acceden al mismo", ha incidido.

El PP exige una investigación

El PP, por su parte, ha reclamado que se investiguen quiénes son los liberados sindicales que han sido vacunados "fuera del protocolo" y ha exigido responsabilidades por ello. Así lo ha anunciado la portavoz popular, María Luisa Ceballos, quien ha adelantado que su grupo solicitará que se investigue qué ha ocurrido, que se tomen medidas disciplinarias con este personal y que, “de la misma manera que otras personas con nombres y apellidos han salido a luz pública tras haberse vacunado fuera de protocolo y han dimitido de sus cargos, en este caso los cordobeses puedan conocer qué liberados sindicales se han saltado el protocolo de vacunación y exigimos las mismas obligaciones que al resto, su dimisión”.

Tras la sospecha de que existen personas que se han saltado el proceso de vacunación en la institución provincial, y más concretamente en el centro de psicodeficientes de Alcolea, el grupo del PP solicitó por escrito información al respecto. La respuesta dice que han sido vacunados 55 residentes, 159 trabajadores pertenecientes al centro (incluidos los contratos por sustitución de vacaciones), 12 trabajadores de otros servicios de Diputación, seis trabajadores de otras empresas y, dentro de ese personal, hay representantes sindicales con liberación plena, como así dice la respuesta.

“Desde el Partido Popular no podemos admitir que sucedan estos hechos en este momento, con situación muy difícil de falta de vacunas para la población que más lo necesita y que está dentro de la estrategia nacional de vacunación”, ha comentado Ceballos este jueves.

“Hemos tenido que ver cómo varios alcaldes socialistas de la provincia de Córdoba han sido vacunos fuera de protocolo, que su a nivel nacional les ha pedido la dimisión y no han respondido a esta esta petición, cosa que es muy lamentable; estos alcaldes deben dimitir de sus cargos, se han aprovechado de la situación que tienen para vacunarse saltándose todos los protocolos”, ha afirmado la portavoz popular, quien ha recordado que otras personas con responsabilidades importantes como consejeros de Salud en otras comunidades autónomas han dimitido por esta misma causa.

“Existen protocolos de vacunación a nivel nacional y autonómico muy específicos, que priorizan a las personas de mayor riesgo, y no podemos entender cómo un liberado sindical que no realiza ninguna función directa con esos dependientes del centro de Alcolea pueden saltarse todas al directrices y vacunarse a costa de otras muchas personas que siguen esperando su turno”, ha afirmado tajante.

Suplentes en las listas de vacunación

El aprovechamiento del sobrante en los viales ha sido objeto de controversia desde el inicio de la vacunación por lo confuso del protocolo y por la rápida caducidad del compuesto de Pfizer debido a que debe conservarse a muy baja temperatura. Esto ha llevado a que con los culillos se inmunicen personas que no están incluidas en esta fase. Tal ha sido el caso de tres alcaldes de la provincia de Córdoba: Francisca Alamillo (PSOE), de Torrecampo; José Luis Cabrera (PSOE), de Alcaracejos, y Jesús Fernández Aperador (CDeI), de El Guijo. Ninguno de ellos ha dimitido pese a la solicitud desde distintos ámbitos.

Para evitar que esto vuelva a ocurrir, en enero la Consejería de Salud anunció que habrá listas de vacunación cerradas y con suplentes para determinar previamente a quiénes se les tienen que inocular las dosis sobrantes de cada vial en caso de que las haya. La Junta quiere evitar así que ocurran más casos como los que ya han salido a la luz en Córdoba y al que ahora se suma el presidente del comité de empresa de la Diputación.

Una "especial vigilancia" para que no haya intrusos

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, anunció hace unos días que la Administración autonómica mantendrá encuentros con sindicatos y empresarios para establecer cómo acometer las siguientes fases de vacunación en la comunidad, una vez terminen las anteriores ya establecidas. Bendodo recordó que el protocolo pactado hasta ahora marca que los primeros eran los usuarios y trabajadores de residencias de mayores, "a los que ya prácticamente a todos se les ha puesto la segunda dosis"; luego los profesionales sanitarios en primera línea, los grandes dependientes, el resto de trabajadores sanitarios, los empleados de ayudas a domicilio y mayores de 80 años.

"A partir de ahí vamos a trabajar con los sindicatos y los empresarios de Andalucía para que ellos mismos nos ayuden a establecer una prioridad en distintos sectores de cómo vacunar, las empresas y trabajadores que se consideran con más presencia y atención al público", aseguró el consejero durante la inauguración de la nueva sede Unidad de Salud Mental de Fuengirola.

Bendodo incidió en que el plan de vacunación de Andalucía "se va a cumplir a rajatabla", y aseguró que hay "una vigilancia especial" para este cumplimiento. Reiteró, eso sí, que "el ritmo que llevará no va a depender de la Junta sino de las dosis que nos lleguen del Gobierno", y apuntó que "a partir de ahí tenemos capacidad amplísima para vacunar tirando de todos los recursos, la pública, la privada y todo lo que haga falta; ojalá tuviéramos ese problema y llegaran las dosis".