Huelva

Las oficinas de Priego y Posadas asumen la liquidación tributaria de la provincia

  • La Junta insiste en que los cambios del nuevo convenio firmado con los registradores de la propiedad “son internos y no afectan al servicio de cercanía que se presta al ciudadano”

Un trabajador del Registro de la Propiedad retira el cartel de la oficina liquidadora de la Agencia Tributaria.

Un trabajador del Registro de la Propiedad retira el cartel de la oficina liquidadora de la Agencia Tributaria. / El Día

El pasado 2 de enero, la Agencia Tributaria de Andalucía (Atrian) y los registradores de la propiedad firmaron el convenio por el que se determinan las condiciones de delegación de determinadas funciones y competencias en materia de aplicación de los tributos y revisión en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Ese nuevo convenio supone un cambio de competencias de la red de oficinas liquidadoras –ubicadas en los registros de la propiedad y que en Andalucía suman 91– y, a partir de ahora, 24 de ellas –en Córdoba, las de Priego y Posadas para la provincia y la de Córdoba para la capital– serán las que concentren las funciones de control y liquidación, según detalla el convenio.

El resto de oficinas, que en Córdoba son las de Baena, Bujalance, Cabra, Castro del Río, Fuente Obejuna, Hinojosa del Duque, Montilla, Montoro y Rute, serán de información y asistencia tributaria, mientras que las de Aguilar de la Frontera, Lucena, Pozoblanco y La Rambla, realizarán labores de información y asistencia tributaria, catalogación y análisis de riesgo fiscal.

“El nuevo convenio renueva la colaboración con los titulares de los 91 registros de la propiedad que venían prestando servicio a la Junta de Andalucía y actualiza las dos funciones que venían desempeñando”, señalan desde la Administración autonómica.

Desde donde insisten en que, “en cualquier caso”, los contribuyentes seguirán haciendo sus gestiones como hasta ahora en cualquiera de las 91 oficinas que hay actualmente en servicio en toda Andalucía y en las nueve oficinas propias de la Atrian –entre ellas la de la capital–, “que garantizan la atención al contribuyente en todo el territorio andaluz”.

“Los cambios descritos en el convenio son de carácter interno y organizativo en el seno de la Atrian y no afectan al servicio de cercanía que se le presta al ciudadano”, puntualizan. Para añadir que “la actualización de la colaboración también afecta a la denominación de las oficinas con el fin de reflejar las funciones que van a realizar los titulares de los 91 registros de la propiedad, evitando cualquier tipo de confusión al respecto, por lo que dejarán de llamarse oficinas liquidadoras”.

El nuevo catálogo de servicios de estas oficinas de información y asistencia comprende, entre otros, la orientación e información al contribuyente, con el propósito de ofrecer las aclaraciones y ayuda de índole práctica que aquellos requieran sobre procedimientos, trámites, requisitos y documentación relacionados con los hechos imponibles del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; la asistencia en el uso de medios electrónicos en su relación con la Agencia (incluida recepción, digitalización y presentación electrónica de las solicitudes, escritos y comunicaciones), así como la asistencia a la confección, presentación electrónica y/o pago de autoliquidaciones.

La oficina de Priego tiene adscritos para el ejercicio de la función de comprobación a municipios del Alto Guadalquivir, la Subbética, Campiña Este y Campiña Sur –en este caso solo Montilla–. Mientras de la oficina de Posadas dependen el resto de municipios de la Campiña Sur, los de la Vega del Guadalquivir, Los Pedroches y el Valle del Guadiato.

El convenio establece un nuevo sistema de determinación de honorarios para los titulares de los registros de la propiedad ligado al trabajo realizado y al cumplimiento de objetivos, tanto en lo que concierne a la disponibilidad de servicios de información y asistencia como a los de lucha contra el fraude fiscal, mediante una combinación de retribuciones fijas y variables.

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