La polémica inmatriculación de bienes por parte de la Iglesia sigue marcando parte de la vida política en los municipios de Córdoba. Y en Posadas, una de las localidades donde esta práctica ha dejado una huella más marcada, el Pleno del Ayuntamiento acaba de aprobar una moción por la que se compromete a llevar a cabo las "acciones pertinentes" para la defensa de los "intereses públicos". La medida ha salido adelante con el voto a favor de IU y del PSOE, y parte de una proposición de los primeros enmendada en un tono más suave por el equipo de gobierno.

La inmatriculación de parroquias, iglesias, oratorios o ermitas es algo comúnmente aceptado. Ha ocurrido en casi todas las localidades de España desde que el Gobierno de José María Aznar pusiera en marcha la reforma de la Ley Hipotecaria en 1998. Hasta el año 2015, la Iglesia puso a su nombre 34.961 bienes como propios, de los que 18.000 se refieren a templos o dependencias complementarias a los mismos y el resto a fincas con otros destinos, según el listado hecho público hace unos meses por el Gobierno central.

Entre ellos se encuentra la Mezquita-Catedral de Córdoba, uno de los más polémicos y tal vez la joya de la corona, aunque hay otros muchos más discretos pero también llamativos. En el caso concreto de Posadas, según recuerda la proposición, la lupa se pone sobre cuatro: la parroquia de Santa María de las Flores, la ermita de Santiago, una finca rústica en el paraje Moredal y el local comercial del número 3 del paseo Pedro Vargas. Estos dos últimos, sobre todo el kiosco, es el más polémico por lo sorprendente. Son apenas 19 metros cuadrados en el corazón de un jardín público y, lo más llamativo, es sede de la Sociedad de Cazadores.

Fue en 2006 cuando la Iglesia inmatriculó este inmueble construido por un particular sobre suelo público, para lo cual requirió permiso del Ayuntamiento. La proposición inicial de IU apelaba a "poner a la mayor urgencia posible todos los recursos disponibles para llevar a cabo la inscripción registral a nombre del Ayuntamiento". Finalmente, lo que se hará es acometer las "acciones pertinentes" para la defensa de los "intereses públicos" de la localidad de la Vega del Guadalquivir.