El portavoz del equipo de gobierno, el socialista José Antonio Gómez, anunció en la mañana de ayer que el el Ayuntamiento abrirá finalmente un expediente de información reservada al inspector-jefe de la Policía Local tras su imputación en un caso en el que está acusado de un delito contra la libertad sexual. Gómez explicó que "con esta decisión pretendemos obtener información sobre lo que realmente ha ocurrido, más allá de lo que ha venido apareciendo en los medios de comunicación en los últimos días". "Una vez que la tengamos y la valoremos, a título privado, determinaremos si la misma es suficiente para abrir un expediente sancionador o no; o, en definitiva, ver si hay elementos para dar un paso más", argumentó.

El concejal socialista precisó que "desde el Ayuntamiento hemos buscado herramientas o mecanismos para que no se viera mermada esa presunción de inocencia y hemos considerado que esta fórmula era la más adecuada". Estas declaraciones suponen un cambio en la actitud del equipo de gobierno pues, nada más conocerse los hechos, hace justo una semana, el alcalde, Esteban Morales, declaró que confiaba en la presunción de inocencia del inspector-jefe de la Policía Local, motivo por el cual anunció que se le mantendría en su cargo hasta que no hubiera una resolución judicial condenatoria.

La decisión del regidor no gustó a los partidos de la oposición. IU emitió una nota de prensa en la que se pedía abiertamente que el inspecto jefe considerara su renuncia, y el PP se mostró partidario de la apertura de un expediente informativo que aclarara la situación. Pese a que el martes el portavoz del equipo de Gobierno dijo respaldar las palabras del alcalde, las críticas en las filas populares por este asunto han ido a más y la prueba estuvo en las declaraciones realizadas el miércoles por su portavoz, Antonio Pineda, quien afirmó sentirse decepcionado por la gestión que el Ayuntamiento estaba dando a este asunto. Finalmente, menos de 48 horas después de sus primeras declaraciones sobre los hechos, Gómez anunció la apertura de este expediente, algo que en las filas populares se ha valorado como "una rectificación de lo que se tenía que haber hecho desde el principio".

En el juicio se sentarán en el banquillo diez personas, todas por el mismo delito y para quienes el fiscal pide la misma condena: dos años de prisión. Los hechos se produjeron entre finales de diciembre de 2010 y mediados de 2011. Según recoge el Ministerio Público en su informe provisional de acusación, una menor, a través de la red social Tuenti, contactó con uno de los acusados, con quien concertó un encuentro para conocerse.

Se trasladaron supuestamente a un descampado alejado de la capital cordobesa, lugar en el que "sin que conste el empleo de fuerza o intimidación, pero sin consentimiento" de ella, supuestamente la obligó a mantener relaciones sexuales. Según la acusación pública, desde abril de 2011 la menor se alojó en el domicilio de las dos mujeres que supuestamente la "presionaban" para prostituirse, de manera que una de ellas se encargaba de proporcionarle clientes a la joven "a cambio de dinero". En concreto, contactaba con los interesados mediante redes sociales y chat, haciéndose pasar por la menor y utilizando apelativos como "cordobesa" o "gatita de 17 años".

El Ministerio Fiscal considera que la joven habría mantenido relaciones con al menos ocho hombres, todos ellos acusados, entre ellos, supuestamente, el citado inspector jefe de la Policía Local de Puente Genil. Según la Fiscalía, todos los imputados conocían que se trataba de una menor porque ella misma lo decía en las citas. Los encuentros sexuales tenían lugar en los vehículos de los procesados y en zonas apartadas como El Arenal o el polígono industrial de La Torrecilla.