El PP destapó ayer la caja de los truenos en la Diputación al denunciar la contratación "a dedo" de la empresa Espectáculos Doblea para las actuaciones de la caseta que la institución provincial abrirá hoy en el ferial de la capital. Los populares no olvidaron destacar que en el registro mercantil figura como administradora única de dicha empresa la madre del diputado socialista Pablo Lozano, responsable provincial de Juventud y Deportes y edil de Pozoblanco. "Defendemos que se ha actuado sin la ética, la honradez y la transparencia que debe reinar en una contratación pública porque se ha vulnerado la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que en su artículo 92 expresa que cuando se acude a un proceso negociado sin publicidad, como es este, es necesario solicitar la oferta de al menos tres empresas capacitadas para la realización del contrato, y aquí solo se ha hecho con una", insistió el popular Andrés Lorite.

El diputado del PP se refirió así a un decreto firmado por el presidente de la institución, Francisco Pulido, el pasado 17 de abril en el que se aprobó el expediente de contratación para las actuaciones de la caseta de feria por un importe de 24.940 euros. La cuantía permite que sea el presidente de la institución el que efectúe directamente la contratación sin publicidad.

"En ese decreto firmado por Pulido se dice textualmente que la adjudicación del contrato se efectuará previa solicitud de oferta tan sólo a Espectáculos Doblea cuando se le deberían de haber solicitado ofertas, como marca la ley, al menos a otras dos empresas", apuntó Lorite, quien añadió que "posteriormente, el 2 de mayo, Pulido firmó otro documento en el que se dice que, "vista la única oferta presentada, se resuelve su contratación, considerando que dicha oferta es la más ventajosa para los intereses provinciales". El diputado apuntó que lo primero que va a hacer su grupo es "reclamarle" al presidente de la Diputación "el cumplimiento inexcusable" de la Ley de Contratos, "además de exigirles las responsabilidades políticas que se puedan derivar del contrato". Lorite habló asimismo de que el PP no descarta acudir con el decreto a los tribunales. "Barajamos la idea de requerir a la recién nombrada delegada del Gobierno de la Junta, Isabel Ambrosio, que requiera a Pulido que anule el decreto, ya que todos los que firma deben pasar por la Delegación y si Pulido se niega a atender ese requerimiento, que el caso llegue al contencioso-administrativo", dijo Lorite.

El portavoz del PP en la institución, Luis Martín, fue aún más duro y le exigió al presidente y a todo su equipo de gobierno que "cumplan escrupulosamente la Ley de Contratos para que el nombre de la Diputación no quede manchado por las prácticas socialistas de clientelismo político al que nos tienen acostumbrados. Nos jugamos el respeto de la ciudadanía a la institución". Martín, quien aseguró que pedirán una revisión de todas las actuaciones administrativas del actual equipo de gobierno del PSOE "para ver si ha habido otras irregularidades o ilegalidades", aseveró que "si empezamos con escándalos como los que hubo en otras épocas, al final lo que provocaremos en la ciudadanía es la impresión de permanente apaño y sectarismo político. Lo que ocurre es que en el PSOE dirán que si el jefe Chaves utiliza la Administración para contratar a hermanos y demás familiares, aquí lo hacemos todo el mundo".