El grupo del PP en la Diputación ha pedido la dimisión de la presidenta del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (IPBS) y alcaldesa de Luque, Felisa Cañete (PSOE), por la subvención de 40.000 euros que en mayo de 2016 materializó con la Fundación Guadalquivir y que, según la oposición, habría servido para contratar durante seis meses al hijo del ex regidor luqueño Telesforo Flores, también socialista. El portavoz del PP en la institución provincial, Andrés Lorite, reclamó ayer también al presidente y secretario provincial del PSOE, Antonio Ruiz, que dé explicaciones por esta contratación.

La actividad y las cuentas de la Fundación Guadalquivir se encuentran investigadas por la justicia. Lorite lamentó que, tras dos años "de ocultamiento y falta de transparencia", su grupo ha recibido recientemente la documentación solicitada. "Lo que intentaban esconder es que uno de los contratados era el hijo de Telesforo Flores", anotó el portavoz popular. Cañete era teniente de alcalde de Luque cuando Flores era regidor.

Botella censura que "ha habido un intento clarísimo de ocultar información"

El PP se basa en el contrato y las nóminas recibidas para denunciar que el contrato, por obra y servicio, se extendió desde abril de 2016 hasta septiembre de aquel año, justo cuando el escándalo de las mordidas saltó a la luz pública. En ese momento, Flores fue despedido. El IPBS materializó su contrato con la Fundación Guadalquivir en mayo de aquel año, cuando el hijo del ex regidor supuestamente ya llevaba un mes en nómina. El objetivo de la ayuda era desarrollar un programa de integración socioeducativa en el barrio del Sector Sur, en Córdoba capital.

"Hemos tenido que acudir a la Junta de Andalucía y a presentar un recurso de reposición para que se nos diera la documentación correcta, incluso llegando a amenazar con ir al recurso contencioso administrativo para que nos dejaran hacer la labor de oposición y de fiscalización de los convenios públicos", detalló la diputada popular María Jesús Botella. "Esto es muy grave porque ha habido un intento clarísimo de ocultar información por parte del IPBS, porque ellos mismo sabían que este convenio era indecente y nunca tenía que haberse producido", subrayó.

Botella indicó también que en septiembre de 2016 el PP denunció el convenio y pidió que se revocara, porque "la fundación afín al PSOE estaba inmersa en una investigación judicial por presunta malversación de fondos públicos de la Junta de Andalucía". "En ese momento finalizó el contrato con el hijo del exalcalde de Luque, porque ellos mismos se dieron cuenta de que los habíamos descubierto", anotó la diputada del PP.