El Obispado de Córdoba ha suspendido del "ejercicio público del ministerio" al sacerdote de una parroquia de un pueblo de la comarca de la Subbética para quien la Fiscalía provincial solicita una condena de 42 años y seis días de prisión por tres delitos continuados de abusos sexuales y otros tres de prostitución, explotación sexual y captación de menores.

Tras hacerse público el caso este miércoles, el Obispado ha defendido que, desde septiembre de 2018, cuando se denunciaron los hechos "está cumpliendo escrupulosamente con el procedimiento previsto para estos casos por la disciplina canónica, imponiendo las medidas cautelares necesarias". En concreto, la "suspensión del ejercicio público del ministerio", y "protegiendo en todo momento a las posibles víctimas".

El Obispado ha asegurado, además, que "seguirá colaborando con la justicia civil para favorecer el esclarecimiento de los hechos".

La Iglesia cordobesa ha expresado su "condena" de "todo tipo de maltrato o abuso cometido contra los menores y las personas vulnerables, y seguirá estando comprometido decididamente con la prevención de este tipo de delitos y la actuación contra los mismos, a través de su Código Diocesano de Buenas Prácticas, el Protocolo Diocesano de Actuación, la Oficina Diocesana para la protección de los menores en la Iglesia y la aplicación de la normativa canónica".

La causa, según han confirmado a Efe fuentes de la Fiscalía, ha sido instruida por un Juzgado de Lucena por unos hechos que sucedieron en 2018 en una población que no concreta de la comarca de la Subbética, en el entorno de una parroquia, donde el acusado ofreció regalos a las tres víctimas, todas varones de menos de 16 años, a cambio de sexo.

El Ministerio Público asegura en su escrito de acusación que el religioso practicaba tocamientos y felaciones a los menores y que en un caso fue penetrado por uno de ellos.

La acusación atribuye la iniciativa de las proposiciones sexuales al sacerdote que ofrecía a cambio móviles de alta gama, ropa, zapatillas deportivas o dinero en efectivo, pero también reconoce que cuando las víctimas querían obtener algún objeto o dinero buscaban al religioso porque sabían el modo de obtenerlo.

En cualquier caso, el fiscal asume que el acusado en ningún momento usó la fuerza física ni la intimidación para obtener sus propósitos sexuales.

Ante ello, solicita diez años de prisión y un día por cada uno de los delitos de abuso y cuatro años y un día por cada uno de los delitos de prostitución, explotación sexual y captación de menores, más las accesorias de diez años de libertad vigilada, inhabilitación y 25 años de alejamiento e incomunicación con las víctimas por el primero de los delitos y otros cinco años de libertad vigilada por el segundo.