Los altercados violentos y la agravada conflictividad social desencadenados en Lucena a consecuencia de la ocupación irregular de viviendas han menguado en los últimos meses. Los episodios de alta tensión vecinal originados por esta práctica clandestina se recrudecieron al final del 2020 y en las primeras semanas de este año. Unos incidentes que trastornaban la convivencia con una aguda frecuencia y alcanzaron una trascendencia nacional. Meses después, los miembros de la mesa sobre esta materia constituida en el Ayuntamiento sostienen que la incidencia ha disminuido notablemente en algunos de los focos más efervescentes e incluso ha desaparecido en la calle Mediabarba, un sector del municipio donde varios bloques acabaron asaltados.

El grupo específico, con representación política, técnica y policial, constituido en el último trimestre del ejercicio precedente ha celebrado cuatro sesiones. El presidente de este órgano, Jesús López, portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, ha afirmado que en la calle Mediabarba, “por casualidad o por el efecto del trabajo”, a día de hoy, “prácticamente no existe la ocupación”.

Otro sector que suscita “una gran preocupación” se localiza en la urbanización El Zarpazo, zona de concentración de edificios de viviendas sociales y donde ha irrumpido esta alternativa ilegal hasta en 17 pisos. López ha indicado que en este entorno “la ocupación está también disminuyendo y lo hemos apreciado”.

De manera paralela, el Ayuntamiento y la Agencia de Vivienda de Rehabilitación de Andalucía (AVRA), propietaria de estos inmuebles, avanzan en el desalojo de los pisos ocupados y desde el Consistorio anticipan que antes de final de año se ejecutará el lanzamiento en cuatro de ellos. Cuando estas acciones judiciales conciernen a familias usuarias de Servicios Sociales –circunstancia presente en la mayoría de las ocasiones-, la administración local ofrece unas ayudas al alquiler que consisten en el pago de la fianza y, en función de las particularidades socioeconómicas de los beneficiarios, una o dos mensualidades.

En esta problemática con aristas sociales, económicas y de seguridad ciudadana, también asoma la insuficiencia crónica del parque público de viviendas en Lucena.

Actualmente, como uno de los propósitos primordiales, la mesa de trabajo sobre ocupación irregular de viviendas intensifica las conversaciones y negociaciones con la AVRA y distintas entidades financieras al objeto de consensuar la adquisición, por parte del Ayuntamiento de Lucena, de inmuebles vacíos y con un ostensible riesgo de resultar habitados indebidamente para imprimirles una naturaleza vinculada al alquiler social.

La concejala de Servicios Sociales, Carmen Gallardo, aboga por “diseminar” este tipo de opción residencial con la finalidad de impedir la conformación de nuevos “guetos”. En este sentido, ha subrayado que “queremos la inclusión de etas familias y la única manera de hacerlo es alojarlas en diferentes puntos” y “no sólo en la periferia del municipio”.

Esta vía se plasmará en un pliego, con un cuantioso importe económico, y el Consistorio puntuará como criterio prevalente la implantación del alquiler social en viviendas aún en propiedad del licitador o de la entidad pública competente.

Junto a otras acciones disuasorias y coercitivas, el Ayuntamiento ha iniciado la implementación de la campaña Ocúpate de que no te okupen, basada en la difusión de consejos, recomendaciones y procedimientos dirigidos a eludir la intrusión ilegal en los edificios.

En una comparecencia conjunta de concejales del PSOE, PP y Ciudadanos, ninguno de los intervinientes –Carmen Gallardo, Rosario Valverde y Jesús López, respectivamente- ha expresado datos concretos sobre los niveles estadísticos de la ocupación ilegal en Lucena. A finales del 2020, las cifras alertaban de un centenar de viviendas sometidas a esta práctica irregular.