La subida progresiva de la tarifa a los ciudadanos es la fórmula elegida por el Ayuntamiento de Lucena para resolver la financiación de la reconstrucción de la conducción que transporta el agua desde el manantial de la pedanía ruteña Zambra hasta los depósitos municipales ubicados en el barrio de La Calzada. Ejecutada esta infraestructura en la década de los 60 del siglo pasado, diferentes deterioros estructurales provocan filtraciones y consiguientes pérdidas de este recurso hídrico, que alcanzan hasta el 50%.

La Universidad de Granada y la empresa Gis Ingeniera Civil han proyectado una solución técnica que diseña la reparación integral, por el mismo trayecto, de los 22 kilómetros de las canalizaciones. El presupuesto contemplado es de 7,5 millones y Aguas de Lucena ha suscrito, a fin de afrontar esta inversión, un préstamo de cinco millones, a devolver en 15 años, con un tipo de interés fijo del 2,5%, y dos años de carencia.

La limitada capacidad financiera de esta empresa municipal ha motivado que el Ayuntamiento ejerza de avalista del crédito. Asimismo, en la última sesión plenaria ha aprobado, con el único voto en contra del Partido Popular, imponer un canon a la factura de los usuarios de este servicio público con la finalidad de amortizar un desembolso que, en definitiva, repercute en las arcas públicas. Un suplemento cuya aplicación ha de autorizar la Junta de Andalucía. El Pleno también ha solicitado ya el beneplácito a la Administración autonómica, un trámite que suele prolongarse hasta dos años.

Los cálculos evaluados por Aguas de Lucena estiman que la subida trimestral que conllevará este suplemento, en una familia de cuatro miembros, y que consuma entre 45 y 50 metros cúbicos, rondara los nueve euros.

El alcalde, Juan Pérez (PSOE), que defendió la postura socialista, respaldada por Ciudadanos, Vox e Izquierda Unida, señalaba que “junto con esta subida que se podía contemplar, del 5%, en el año 2029, no es más allá del 16%, en total, en el año 2035”. A su juicio, “no estamos hablando de una situación excesivamente compleja porque, en los últimos 15 años, la subida del IPC es del 25%”. Este mismo indicador, el índice de precios de consumo, es el que observa el Ayuntamiento de Lucena como referente al estipular los diferentes ascensos de la tarifa del agua.

Únicamente el Partido Popular ha rechazado esta propuesta de la alcaldía, proveniente de pacto previo del consejo de administración de Aguas de Lucena. La portavoz popular, María de la O Redondo, recalcaba la predisposición favorable de su formación a esta ejecución, si bien disentía de la opción económica adoptada. “No entendemos que llegue ahora al Pleno porque la situación ha cambiado radicalmente”, precisaba, y abundaba en que “se ha optado por la solución más perjudicial para el ciudadano que tiene que pagar el 100%.

Actualmente, por las deficiencias en la captación, Aguas de Lucena compra a la Diputación de Córdoba agua potable, cada año, por valor de entre 1 y 1,2 millones de euros.