El futuro de la empresa municipal de Suelo y Vivienda de Lucena podría limitarse a escasos meses y su extinción definitiva concluiría a lo largo del primer trimestre de 2022. El equipo de gobierno socialista ha admitido explícitamente su “voluntad” de finalizar el funcionamiento de esta sociedad creada en 1994 e incorporar el área de Vivienda, y sus facultades derivadas, a la delegación municipal de Servicios Sociales.

Los fundamentos y las conclusiones de los análisis económicos de Tesorería e Intervención resultarán determinantes en la supresión de Suvilusa. Una vez remitan estos documentos los técnicos municipales, el consejo de administración aprobaría la disolución de Suelo y Vivienda de Lucena S.A. dado que el informe jurídico, emitido por el vicesecretario desde la administración local, es “favorable” a este proceso de reagrupación de competencias.

La integración de Suvilusa en la estructura y en el organigrama del Ayuntamiento seguiría a similares reconfiguraciones en la operatividad municipal acometidas en los últimos años, con la desaparición de otras empresas y organismos autónomos como la Gerencia de Urbanismo, el Patronato Deportivo Municipal o Servimán.

Los consejeros, representantes de los diferentes grupos políticos, celebran una nueva reunión este viernes y continuarán avanzando en un cese de actividad vislumbrado como inevitable y eficaz.

“Sería un error marcarnos un plazo”, ha puntualizado el alcalde, Juan Pérez (PSOE), sin negar que la pretensión común enfila hacia la disolución, debido a que prefiere obtener “toda la información necesaria para adoptar el mejor acuerdo”. Sí apostilla que, de manera nítida, han de enumerarse “muchas más ventajas que inconvenientes”.

El Consistorio enmarca esta determinación, asimismo, en el objeto de “volver a darle ese impulso necesario”, al área global de actuación, después de un período de mayor “debilitamiento” ante “las consecuencias de la crisis”.

Equiparación laboral de los trabajadores de Suvilusa

La descomposición de Suvilusa y la transmisión de derechos y obligaciones significará, y es una de las consecuencias primordiales, la equiparación de la plantilla que actualmente se desempeña en esta empresa, tres trabajadores en total, con los empleados públicos del Ayuntamiento.

Esta homogeneidad en las condiciones económicas y laborales supone una reivindicación constante de Izquierda Unida. En el Pleno de noviembre, Miguel Villa, portavoz de la formación, después de varias intervenciones en el mismo sentido durante los últimos meses, hablaba de “problema acuciante” que sufren “quienes lo están padeciendo”, puesto que “se sentirán francamente discriminados”. Villa, acerca de este “asunto viejo”, interpelaba al equipo de gobierno sobre “qué se ha hecho, qué hemos hecho y qué planes se tienen” y reclamaba “una respuesta cuanto antes”.

El compromiso manifestado por el gobierno de municipal de relanzar la gestión y oferta de vivienda pública guarda directa relación con el anuncio de la consignación de 300.000 euros -como cantidad mínima- en los presupuestos municipales del 2022, destinados a incrementar el parque público de inmuebles. En los años pretéritos, el aumento de la lista de solicitantes y la escasez de pisos de protección oficial han coexistido, sin soluciones concretas y raudas, en Lucena.

La fórmula meditada estriba en un préstamo hipotecario “flexible” y que “no computaría en el nivel de deuda”. El Consistorio redactaría un pliego y abordaría una licitación principalmente dirigida a entidades bancarias para la compra de construcciones sin uso que finalmente adoptarían un régimen de venta o alquiler social.

Igualmente en el último Pleno, el alcalde hacía alusión a “las vicisitudes, para escribir un libro” que ha tambaleado a Suvilusa en la última década, como la devolución de 720.000 euros a unos vecinos ante la imposibilidad de adjudicar unos pisos o el rescate, por 850.000 euros, de unos bloques que asumió un fondo de inversión. A juicio del regidor socialista, “el espíritu firme” y las connotaciones que emanan de la política vinculada a facilitar el cumplimiento del derecho a la vivienda encajan, con mayor afinidad, en Servicios Sociales.