La Junta retrasa la obra de la variante de Lucena y otras tres carreteras más

La reprogramación aprobada por el Consejo de Gobierno afecta a las actuaciones en el pontón del río Zujar, la intersección de la A-339, en Priego de Córdoba, y la mejora de la A-3133, entre Puente Genil y La Rambla

Rosa Aguilar, Mar Moreno y Díaz Trillo anunciaron ayer la reprogramación de las inversiones.
Rosa Aguilar, Mar Moreno y Díaz Trillo anunciaron ayer la reprogramación de las inversiones.
El Día / J. M. D.

04 de agosto 2010 - 05:01

La Consejería de Obras Públicas informó ayer de que hasta el último trimestre de 2010 y el primero de 2011 no comenzarán en la provincia cuatro obras de carreteras que están pendientes de inicio y que suponen el 20% del total kilómetros que acutalmente ejecuta en Córdoba la Junta. Las cuatro se verán retrasadas por la decisión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de "reprogramar" en el tiempo la inversión de las obras públicas de la comunidad por valor de 849 millones. No obstante, la Consejería señaló que las carreteras cordobesas que se encuentran en ejecución quedarán al margen de esta medida. Así, la institución autonómica indicó que mantendrá el ritmo de ejecución previsto en el 80% restante de los kilómetros de carreteras que tiene en construcción en la provincia, un total de 64,53 kilómetros en ocho obras que ya están en marcha.

Sin embargo, las obras en la A-331 (Variante de Lucena), la reparación del pontón sobre el río Zujar en la A-3280, la mejora de la intersección de la A-339, a su paso por el término municipal de Priego de Córdoba, y la mejora de la A-3133 (Puente Genil-La Rambla) sí que sufrirán un retraso a causa de la decisión de la Junta. En total, se aplaza la inversión de más de 10 millones de euros.

Esta última intervención contempla una inversión de 1,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 14 meses que ahora se verá supeditado al inicio definitivo de las obras. Con este proyecto, la Junta tratará de otorgar un carácter más urbano a 1.590 metros de la travesía rambleña y dará servicio a la entrada al municipio desde la Autovía de Málaga A-45.

La inversión más costosa de cuantas ha aplazado la Consejería de Obras Públicas es la que concierne a la Variante de Lucena. La construcción de este vial se adjudicó en enero a la UTE Corsan-Coviram/General de Estudios y Proyectos por importe de 7,32 millones de euros y un plazo de ejecución de 20 meses. El empleo asociado a la inversión se estima en 110 puestos de trabajo, de los cuales 60 serían directos y 46 indirectos.

Por otra parte, la Junta explicó que el pontón sobre el río Zujar se encuentra en el punto kilométrico 2,291 de la A-3280 y data de principios del siglo XX. Las obras consistirán en la restauración, la consolidación de la cimentación, la reparación de alzados -que se realizará por parte de técnicos especialistas- y la reposición del firme en el tablero, ya que Obras Públicas apreció que se encuentra en un avanzado estado de deterioro.

Esta actuación ha sido adjudicada a la empresa Jícar, Jiménez y Carmona por importe de 579.500 euros y un plazo de ejecución de tres meses. El empleo asociado a la inversión se estima en nueve puestos de trabajo, de los cuales cinco serían directos y cuatro indirectos.

La cuestión laboral es una de las que más controversia han generado respecto a la reprogramación que ha llevado a cabo el Gobierno andaluz. En este sentido, la portavoz regional del PP, Rosario Soto, exigió a la Junta de Andalucía que "no engañe más a los andaluces", ya que, según aseguró, la reprogramación de obras aprobada por el Gobierno andaluz "afectará directamente al empleo". Para el coordinador general de IU, Diego Valderas, la decisión de la Junta "es una noticia negativa para Andalucía no sólo por el retraso de las obras, sino al mismo tiempo por la influencia negativa que va a tener en el empleo, en un momento en que la comunidad necesita reunir todo tipo de inversiones para impulsarlo".

Por contra, la consejera de Obras Públicas, Rosa Aguilar, hizo hincapié en que "la reprogramación no supone la rescisión de contratos ni la paralización de actuaciones". Así, defendió que "los nuevos plazos de ejecución son fruto del diálogo social y del trabajo conjunto que la Consejería ha llevado a cabo con los empresarios en los últimos meses para acordar los plazos de las infraestructuras que están en marcha".

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