La Junta expropia dos viviendas más para evitar el desahucio de sus familias

Ya van cinco desde hace apenas mes y medio. La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía inició ayer la expropiación de dos inmuebles en La Rambla y La Carlota para evitar el desahucio de sendas familias. La Junta informó de que los interesados que han solicitado acogerse a esta medida de protección, recogida en la Ley de la Función Social de la Vivienda, son dos matrimonios con hijos en situación de exclusión social.

Según la misma información, la familia de La Rambla tiene tres hijos, uno de ellos menor de edad. Los dos miembros de la pareja no tienen trabajo: el marido no percibe ninguna prestación y la mujer agota en enero el subsidio agrícola. En el caso de La Carlota, la familia está compuesta por un matrimonio, que tampoco tiene trabajo, y dos hijos menores. Según la citada información, la mujer percibe el subsidio por desempleo y el marido no cuenta con ningún ingreso.

La Junta recordó que las expropiaciones del uso de las viviendas, que ya están publicadas en Boletín Oficial de la Junta (BOJA), evitan el desalojo durante tres años. En el caso de La Rambla, la vivienda, de 125,79 metros cuadrados, está en el número 32 de la calle Blanco y la entidad financiera propietaria es la BBK-Cajasur. En La Carlota, el inmueble cuenta con 209,77 metros cuadrados, se ubica en el 16 de la calle Trivilla del Prado, en la Aldea del Garabato, y el titular de la propiedad es el General Electric Capital Bank.

El anuncio en el Boletín Oficial de la Junta es el paso previo al proceso de expropiación temporal del uso, que es de aplicación a los inmuebles en procedimientos de desalojo instados por entidades financieras y sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos. Una vez realizada esta publicación, las sociedades adjudicatarias del piso, en este caso BBK-Cajasur y General Electric Capital Bank, disponen de un plazo de 15 días para presentar alegaciones y si éstas no son aceptadas, se establecerá un justiprecio y se emitirá un informe técnico de la Dirección General de Vivienda, dependiente de la consejería que dirige Elena Cortés, para posteriormente publicarlo de nuevo en el BOJA, como paso previo a la aprobación definitiva de la expropiación por parte del Consejo de Gobierno. Desde la Junta recordaron que "el proceso que se inicia ahora es plenamente garantista".

Estas nuevas expropiaciones son la tercera y la cuarta desde que el Consejo de Ministros acordó, el pasado viernes 13 de diciembre, presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de la Junta, invocando el artículo 161.2 de la Constitución, lo que motivará su suspensión inmediata en que cuanto sea interpuesto. Al respecto, la Administración autonómica recordó que dicho recurso motivará la suspensión de los artículos impugnados, entre ellos el que faculta a la Consejería de Fomento para expropiar viviendas al objeto de evitar Desahucios de familias en riesgo acreditado de exclusión social. En este caso, el Tribunal Constitucional tendrá cinco meses para decidir sobre el levantamiento o no de la suspensión cautelar de la norma. Ante esta situación, la Consejería de Fomento remitirá al juzgado que entiende del caso, el de primera instancia número 8 de Córdoba, un escrito formal reclamando que no se ejecute el desahucio hasta que el Constitucional no emita una sentencia. Se trata de un procedimiento que seguirá con los otros expedientes publicados en BOJA.

La primera expropiación que llevó a cabo la Junta en la provincia fue el pasado 18 de noviembre en una vivienda de la localidad de Doña Mencía, mientras que la segunda tuvo lugar el 3 de diciembre en la capital cordobesa, en un piso ubicado en la calle Nuestra Señora de la Merced. La tercera expropiación se acordó el pasado 19 de diciembre, también en la capital, en un inmueble ubicado en la calle Pedro Platero de Bares.

Satisfecho por estas dos nuevas expropiaciones temporales a otras tantas entidades financieras, el portavoz de la plataforma STOP Desahucios, Rafael Blázquez, consideró a El Día que la medida de la Junta "va por buen camino", si bien, aseguró que "no llega hasta donde nosotros queríamos". Blázquez no pudo confirmar si las dos familias afectadas se habían puesto en contacto con la plataforma, aunque incidió en que la situación de muchas otras afectadas "es cada vez peor". También destacó el trabajo de la plataforma en diversos municipios de la provincia, tales, como las que desarrollan labores informativas en Puente Genil y Lucena "que son muy activas". Blázquez señaló también que a lo largo de 2013, la plataforma Stop Desahucios ha ayudado a más de medio millar de familias que no podían hacer frente al pago de sus hipotecas y que estaban pendientes de ser desahuciadas y reconoció que desde su colectivo "no entendemos el recurso de inconstitucionalidad planteado por el PP". Por ello, consideró que "queda mucho por hacer".