Mucho se ha hablado en las últimas semanas sobre la continuidad o cierre de parte de las oficinas liquidadoras, oficinas que hasta ahora venían asumiendo la información, asistencia y control de los impuestos autonómicos, en especial el de Sucesiones y Donaciones (ISD) y el de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados.

Pero la práctica desaparición del primero de ellos ha llevado a Hacienda a asumir por completo en sus delegaciones provinciales el control de Sucesiones y Donaciones –que se bonifica al 99% en la mayoría de los casos– y concentrar en 24 de las 91 oficinas que hay en Andalucía el de Transmisiones. Córdoba tiene repartidas por toda la provincia 16 de estas 91 oficinas liquidadoras.

Pues bien, según informa la Junta, el pasado jueves, 2 de enero, la Administración autonómica firmó con los registradores de la propiedad el convenio que “garantiza que no se cierra ninguna oficina. Siguen existiendo las mismas 91 que en el convenio anterior”, detallan desde la Consejería de Hacienda.

La Junta insiste asimismo en que con el nuevo convenio “se cambian las funciones que tenían delegadas las oficinas, aunque este cambio no afecta al contribuyente, porque las 91 oficinas lo informan y asisten para la presentación de documentos y el pago de sus impuestos”. Y puntualizan que este cambio “es fruto de un proceso de reorganización administrativa en coherencia con la nueva política fiscal del nuevo Gobierno” autonómico.

Hasta llegar al momento de la rúbrica, la Agencia Tributaria de Andalucía y los registradores andaban enfrascados en una negociación de ese convenio que permite tener abiertas las 91 oficinas en toda la comunidad autónoma para liquidar estos impuestos. Aunque, como defiende la Junta, el contribuyente apenas notará el cambio, los registradores, o algunos de ellos, sí sufrirán una merma de sus ingresos por ello, ya que la intención de la Agencia Tributaria es pagarles en función de cada uno de sus trabajos y no mediante una tarifa plana.

Algunos registradores han puesto el grito en el cielo y sostienen que la caída de ingresos repercutirá en despidos de personal, pero desde Hacienda se les ha pedido que reorganicen el personal entre sus oficinas, ya que algunas podrán tener ahora más trabajo. Aunque la Consejería de Hacienda insiste en que las 16 oficinas liquidadoras que hay repartidas por toda la provincia continuarán abiertas, falta por saber cómo repercutirá en cada una de ellas la reestructuración recogida en el nuevo convenio. La tesis de Hacienda es que el contribuyente puede seguir informándose en cada una de sus oficinas, aunque el control pase a estar realizado sólo por las delegaciones. El pago del impuesto seguirá como hasta ahora.