El Juzgado de Instrucción de Aguilar de la Frontera mantiene imputadas a más de 150 personas que habrían comprado supuestamente las firmas de un empresario para tener derecho a las prestaciones contempladas en el Régimen Especial Agrario. Según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la juez de instrucción está terminando de tomar declaración a los sospechosos tras meses de citaciones e interrogatorios que conforman uno de los expedientes más voluminosos que actualmente se manejan en la provincia de Córdoba.

A los implicados se les atribuye provisionalmente un delito de fraude a la Seguridad Social, en concurso con un delito de falsedad en documento oficial. Entre los investigados se encuentra el empresario que habría facilitado su firma a los jornaleros, un asesor y más de 150 particulares, que supuestamente habrían pagado distintas cantidades para obtener los sellos que les permitirían acceder a las prestaciones del Régimen Especial Agrario, popularmente conocido como el PER.

La investigación parte de una denuncia presentada por la Fiscalía Provincial de Córdoba en julio de 2019 a raíz de la documentación recabada por la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Tesorería General de la Seguridad Social. El organismo, en vista a una gran cantidad de movimientos que le resultaron sospechosos, estimó que se estaba cometiendo un fraude con las cotizaciones "mediante la venta de jornales para que los interesados puedan tener acceso a las prestaciones contempladas en el Régimen Especial Agrario", según recoge la memoria anual de la Fiscalía de Andalucía.

Este procedimiento es uno de los más voluminosos en los que ha intervenido la fiscal coordinadora de delitos económicos de Córdoba, que se encarga de la tramitación de las diligencias de investigación penal relacionadas con la materia o con delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, así como del visado y coordinación de las causa relativas a delitos de carácter económico.

Para la Fiscalía de Córdoba, es un "objetivo" la creación de una "verdadera sección" de infracciones de esta naturaleza, dado el "incremento de asuntos especialmente complejos" que están llegando de forma continuada a los juzgados y a los escritorios del Ministerio Público. Los fiscales, de hecho, avisan de "un incremento de asuntos que exigen una especial dedicación en materias de delitos contra la Seguridad Social".

En este ámbito destaca, aparte de las diligencias que se instruyen en Aguilar de la Frontera, una investigación del Juzgado de Instrucción número 7 de Córdoba por un posible fraude a la Tesorería General de la Seguridad Social y un delito continuado de falsedad en documento que consistiría, supuestamente, en la creación de empresas ficticias, dando de alta a diferentes personas que realmente no realizan actividad alguna para las indicadas mercantiles.

La causa se ha tramitado a lo largo de ocho años, dado que ha sido necesario investigar a 489 personas físicas y a tres personas jurídicas. Durante la tramitación se logró el acuerdo con 121 acusados, por lo que se dictaron las correspondientes sentencias de conformidad, y se decretó el archivo respecto de 13 investigados. Al margen de la pieza principal con 14 personas físicas imputadas y tres personas jurídicas, existen otras 340 piezas separadas.