IU detecta medio centenar de pagos a Ropero estando en plenos o de baja

La investigación abierta por el cobro de dietas irregulares en el Ayuntamiento de Benamejí sigue deparando sorpresas. Según informó ayer el portavoz de IU en el Consistorio, Antonio Reyes, el alcalde, José Ropero (PSOE), habría cobrado supuestamente dietas aún estando de baja y coincidiendo con plenos y comisiones de gobierno. La oposición ha contrastado, incluso, el cobro de dietas cuando el primer edil se encontraba supuestamente de cacería, aseguró Reyes. Izquierda Unida confirmó ayer que se está coordinando con los responsables del Partido Andalucista (PA) en el municipio para remitir todas las pruebas a la Fiscalía Provincial de Córdoba para que esta, a su vez, aporte los documentos al Juzgado de Primera e Instancia número 1 de Lucena, que ha imputado ya a Ropero al teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Francisco Hoyos.

Reyes informó de que, a raíz de recibir los decretos que autorizan el cobro de las dietas a partir de 2002, la coalición de izquierdas ha descubierto "abundante información" a la que no se tuvo acceso durante la comisión de investigación. Lo más relevante -apuntó Reyes- es el supuesto cobro de dietas completas -que incluyen el almuerzo, la cena y el alojamiento- por parte del primer edil coincidiendo con la celebración de plenos y comisiones de gobierno. Otras de estas dietas completas -que rondaban entre 90 y 120 euros, según el viaje fuera a Córdoba o a Sevilla- las habría ingresado Ropero, supuestamente, encontrándose de baja o, incluso, estando de cacería, aseguró IU.

La documentación que obra en manos de la oposición permite concluir que "casi todas" las dietas cobradas por Ropero entre 2002 y 2006 fueron del tipo completas, mientras que en determinados casos el alcalde habría ingresado dietas completas hasta en tres días consecutivos por viajes sucesivos a Córdoba, según relató el responsable municipal de IU. Reyes detalló que la normativa permite el ingreso de medias dietas a los concejales sin que tengan que justificar los gatos. Cuando el Ayuntamiento paga el alojamiento, en cambio, la normativa sí obliga a presentar la factura. IU criticó que ni durante la comisión de investigación ni ahora la oposición ha tenido acceso a estos documentos.

La citada comisión de trabajo creada para investigar el caso a instancia de IU concluyó que entre 2002 y 2012 se detectaron 74.084 euros pagados de manera irregular, que tendrán que devolver un grupo de casi cuatro decenas de personas, entre técnicos y políticos. El 95% de esos 74.000 euros serán reembolsados por sólo dos implicados: el alcalde y el concejal de Urbanismo. Entre los dos se embolsaron supuestamente más de 70.500 euros en dietas irregulares, de los que 49.676 tiene que reponer el regidor y 20.898 el otro edil. Reyes reconoció ayer, a la vista de los nuevos documentos que obran en su poder, las "imprecisiones" a las que llegó la comisión por no tener acceso a los datos completos.

El Ayuntamiento de Benamejí dio por cerrada la semana pasada la polémica de las dietas con la celebración de un pleno extraordinario requerido por el PP, cuya representante en la comisión de investigación decidió abandonar las sesiones tras la primera reunión. Ropero reconoció en el Pleno que entre 2002 y 2007, aparte de las dietas, cobró 900 euros mensuales en concepto de gastos de representación. El primer edil recordó que esta cifra fue acordada "por unanimidad" del Pleno, que también asignó 250 euros mensuales por el mismo concepto a los concejales con dedicación. "Yo no tenía ningún sueldo", se defendió Ropero, que siempre ha sostenido que no tenía sueldo por su trabajo en el Ayuntamiento.

El jueves pasado se supo también que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 ha imputado por un supuesto delito de malversación al alcalde y al teniente de alcalde de Urbanismo como consecuencia de la denuncia presentada por el PA ante la Fiscalía Provincial de Córdoba. Fuentes del TJSA concretaron que el juzgado instructor está recabando información a petición del fiscal, que ha solicitado una prueba documental. En su decreto, el Ministerio Público ya pedía la documentación relativa a la fiscalización de los gastos, así como los decretos de ordenación del pago.