Izquierda Unida (IU) ha presentado una demanda ante la Fiscalía para que investigue un presunto delito de prevaricación medioambiental por parte de la Junta de Andalucía en el embalse de La Colada. En el escrito, la organización denuncia que el gobierno andaluz "ocultó los altos niveles de contaminación de las aguas hasta después de las elecciones electorales", a pesar de que existían "evidencias suficientes" con anterioridad. 

Estas evidencias se sustentan, según IU, en unos informes emitidos por Emproacsa (Empresa Provincial de las Aguas de Córdoba), donde se recogen el análisis de dos muestras que fueron tomadas el pasado 11 de marzo y el 29 de junio. En ambas, se concluye que ya existía la concentración de especies cianobacterianas en las aguas de La Colada, aunque se consideraba apta para destinar al consumo humano, siempre que fuera sometida a tratamientos de potabilización.

A pesar de la toxicidad manifiesta por Emproacsa, otros dos informes emitidos por la Dirección General de Salud Pública y Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, con fecha en el 27 de mayo y 14 de junio, concluyeron que el agua de la presa de La Colada cumplía entonces con los criterios de calidad conforme al Real Decreto 1341/2007 del 11 de octubre. Sin embargo, 16 días después del último informe, el pasado 1 de julio, la Junta -administración competente en el asunto- declaró la prohibición del baño en la playa de La Colada.

Esta situación resulta "llamativa" porque la contaminación "no es cosa de dos días", ha declarado el coordinador provincial de IU en Córdoba, Sebastián Pérez, quien ha acudido a la Ciudad de la Justicia acompañado por representantes de su formación para presentar acciones legales. En este sentido, la formación acusa a la Junta de no haber actuado, controlado, ni vigilado la situación en la playa de la Colada hasta el pasado 1 de julio, "después de celebradas las elecciones andaluzas y nunca antes" -según recoge el escrito-, permitiendo hasta entonces el uso de la playa de La Colada a los bañistas con los riesgos que entonces conllevaba.

Sebastián Pérez, que ya mostró entonces sus sospechas por una "ocultación intencionada" de la contaminación en La Colada de parte de la Junta, ha establecido que puede ser la causa de que la administración no haya concluido las obras de conexión con el embalse de Sierra Boyera, y la ha responsabilizado de las consecuencias que tiene ahora más si cabe con la situación de sequía, advertida desde el invierno, que afecta a más de 80.000 personas en el Norte de Córdoba.

Por todo ello, IU se ha visto obligada a llevar las diligencias ante la Fiscalía para esclarecer unos hechos que valoran como "posibles indicios de actuación delictiva, puesto que la Junta de Andalucía ha sido conocedora de contaminación por vertidos de la aguas de la presa, no ha actuado para evitar que dicha contaminación continuase".