La Asociación Protectora de Animales Galgos del Sur se ha personado como Acusación Popular en el caso de un presunto delito de maltrato animal cometido en una explotación de ganado caprino ubicada en Aguilar de la Frontera. En concreto, se trata de 23 cabras y cinco perros que se encontraban "en unas condiciones terribles".

Los hechos se remontan al pasado mes de septiembre de 2021, cuando, a raíz de un aviso de una protectora de animales al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil por las malas condiciones en las que se encontraban estos animales, se realizó una intervención que concluyó con el decomiso de los animales con carácter inmediato.

Cuando los agentes accedieron a las instalaciones apreciaron "el estado de extrema delgadez" de los cinco perros y de la mayoría de las 23 cabras, localizando también en el lugar dos cadáveres de cabras, que habían sido devorados por los propios perros.

Según el atestado de la Guardia Civil, en la finca no se apreciaba ningún tipo de alimento ni agua para los animales. “Bebían de forma desesperada, posiblemente por la falta de suministro de agua durante días”, recoge el informe.

En cuanto a las instalaciones, los agentes reflejaron el "grado de insalubridad de las mismas, con presencia de excrementos y parásitos como pulgas y garrapatas, junto a multitud de elementos cortantes y peligrosos por su capacidad de causar lesiones a los animales". Además, todo el ganado caprino "carecía de la correspondiente y obligatoria identificación mediante crotal·.

Por ello, a pesar de que en un principio las cabras fueron trasladadas a otra explotación ganadera, la Delegación de Agricultura de la Junta de Andalucía ordenó su sacrificio, argumentando la inexistencia de trazabilidad de los animales por su falta de identificación, ha recordado la asociación animalista.

En cuanto a los perros, se trata de dos galgos, un podenco y dos de cruce. También carecían del preceptivo chip identificativo y no tenían las vacunas obligatorias, haciéndose cargo de ellos una protectora de animales. Una vez repuestos y recuperados de todo el daño sufrido, fueron dados en adopción.

Las diligencias por este presunto caso de maltrato animal se instruyen en el Juzgado de Instrucción de Aguilar de la Frontera, donde la semana pasada comenzaron los interrogatorios de los testigos e investigados.

"En su compromiso por utilizar todos los medios a su alcance para conseguir que se haga justicia por estos animales", Galgos del Sur ejerce la Acusación Popular. Lo hace de la mano de la abogada Dulce Aguilera, del despacho jurídico Justicia Animales y Medio Ambiente, que está especializado en Derecho Animal y ha asumido la dirección jurídica del procedimiento.

Aguilera expresa "el dolor que supone encontrar animales en tales condiciones de crueldad y sufrimiento", al tiempo que culpa a "la inacción y la falta de control de las administraciones de que este tipo de casos se sigan repitiendo, ya que no se persiguen con la debida contundencia".

"Nos encontramos ante otro espeluznante y aberrante caso de maltrato animal en una explotación ganadera. La falta de inspecciones y controles por parte de la Administración está siendo el caldo de cultivo para que se sigan sucediendo casos como este en muchas explotaciones, que se benefician de la inactividad del sistema”, asegura.

Por último, Aguilera advierte de que, aunque este tipo de casos de maltrato animal parezcan excepcionales, son muy habituales en el país.

“Por desgracia, esto es más habitual de lo que pensamos. Y precisamente por eso, ante la falta de personaciones como acusaciones particulares, en Galgos del Sur damos un paso al frente y nos personamos como Acusación Popular. Vamos a pedir la máxima condena que el ordenamiento jurídico nos permita y trabajaremos sin descanso para que un caso de maltrato animal tan deleznable como este, que ha terminado con la muerte de muchos animales inocentes, no quede impune”, concluye.