La Fiscalía Provincial de Córdoba ha solicitado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Aguilar de la Frontera que abra diligencias tras apreciar indicios de un posible delito contra el medio ambiente en un tratamiento con herbicidas empleado por la empresa concesionaria de la Diputación en las cunetas de la carretera del Santuario de los Remedios. Es la primera vez que el Ministerio Público pide abrir una investigación por este tipo de prácticas.

Los hechos fueron denunciados el pasado mes de febrero por parte de Ecologistas en Acción Montilla, tras constatar que en noviembre, en la carretera CO-5211, que une Aguilar de la Frontera con Montalbán, a la altura del Santuario de los Remedios, un camión de la empresa Eulen "llevaba a cabo un tratamiento fitosanitario con herbicidas", según explica la denuncia, a la que ha tenido acceso El Día. La compañía actuaba como concesionaria de la Diputación de Córdoba.

Ecologistas en Acción expuso a la Fiscalía que esta carretera "discurre muy próxima" al río Cabra desde el kilómetro 1 hasta el 5; además, desde el punto kilométrico 10 hasta su intersección con la A-3133, se encuentra próxima al arroyo del Salado. No solo eso: en la zona se encuentran las fuentes de los Zapateros y de Don Marcelo.

El colectivo conservacionista recuerda que, según la legislación en vigor, los tratamientos en las redes de servicios "se han de llevar a cabo preferentemente mediante la utilización de medios mecánicos", de tal manera que el empleo de productos fitosanitarios "solo es posible cuando los otros resulten inviables". "Sin embargo, en el caso del tratamiento de Aguilar, esa imposibilidad claramente no existe y, por tanto, el tratamiento con fitosanitarios era por entero injustificado", expone Ecologistas en su denuncia, que el Ministerio Público respalda.

Además, según el informe, la empresa, supuestamente, "no llevó a cabo el aviso previo" al que obliga la normativa, lo que "impidió" que los vecinos pudieran adoptar "medidas de protección de ningún tipo". De otro lado, la asociación recuerda que la realización de tratamientos fitosanitarios ha de llevarse a cabo en momentos en que sea menos probable que se produzcan lluvias. "En este caso, no ya solo que el otoño sea la época de máxima pluviometría, sino que para más inri había un pronóstico con arreglo al que se preveía para ese fin de semana unas precipitaciones de 50 litros por metro cuadrado", expone la denuncia. 

Por tanto, según Ecologistas, "hubo una contravención de la normativa reglamentaria aplicable, la cual se tradujo en depósito innecesario de productos fitosanitarios en el lateral de la carretera, esto es, en el suelo, si bien hay que tener en cuenta que, al tratarse de una cuneta, ese producto químico hubo de acabar necesariamente en uno de los numerosos arroyos que existen en este paraje". Por este motivo, la conducta denunciada tuvo que afectar, supuesamente, "a la calidad del suelo y de las aguas". 

Para concretar el posible impacto, Ecologistas pidió a la Fiscalía que averiguara el "concreto producto químico" utilizado, "para lo cual basta con dirigirse a la empresa y exigirle que aporte la documentación justificativa de la compra de los fitosanitarios que utiliza en virtud del contrato administrativo celebrado con la Diputación".

Es algo que este mes de julio, y según consta en el decreto del Ministerio Público remitido al juez, aún no se ha aclarado. "Se acordaron diligencias con la empresa para valorar la entidad de las sustancias emitidas al medio natural y su capacidad contaminante, pero al cierre de estas diligencias la compañía no ha contestado ni remitido información de ningún tipo", lamenta el fiscal, que aprecia un posible delito contra el medio ambiente de los artículos 325 y 328 del Código Penal.