Francisco Adame, vecino de Fuente Palmera afectado por la existencia de una vaquería ilegal junto a su casa, se ha manifestado este martes ante las puertas de la Fiscalía cordobesa, a la que acusa de "prevaricar", junto con el Ayuntamiento de la citada localidad, por no cerrar la vaquería, pese a que existe una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) a favor de cesar la actividad el jueves 30 de junio.

De este modo, Adame ha presentado un escrito ante la Fiscalía para que "resuelva cuanto antes" su denuncia contra el Ayuntamiento, presentada el día 30 de junio por el incumplimiento de la sentencia del TSJA, si bien, ha declarado, por parte de la Fiscalía "hay una parálisis total", igual que el alcalde, Juan Antonio Fernández (PSOE), algo que, tal y como proclama el afectado, "significa prevaricar y dejación de funciones por no cumplir una sentencia".

En este sentido, critica que el Ayuntamiento no haya contactado con él, mientras que "IU y PP se han interesado en el problema, pero el alcalde no facilita información sobre el expediente de cierre y lleva cabo un gran hermetismo", por lo que va a mantener las protestas.

No obstante, según comenta Adame, "el alcalde asegura que en el último jueves del mes de julio se celebrará un Pleno para tratar la sentencia del TSJA", pero, a su juicio, "eso supone dilatar el procedimiento del cierre y que pase el verano", de manera que, advierte, "se tiene que celebrar el Pleno ya para cerrar la vaquería antes de que finalice este mes".

Y es que "se da por hecho que hay un incumplimiento del vaquero con respecto al convenio con el Ayuntamiento para el cierre, pero hasta que no pase por la sesión plenaria no se puede aplicar el acuerdo para el cierre", detalla el vecino de Fuente Palmera, quien ha mantenido sus protestas en el Consistorio.

Denuncia

En concreto, Adame ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil debido a que el jueves 30 de junio expiraba el plazo establecido en el acuerdo entre el Ayuntamiento y el propietario de las instalaciones para el cese de la actividad; y no se ha producido.

Según la denuncia, Adame da a conocer el "incumplimiento" por parte del Ayuntamiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a favor del cierre de la actividad.

Ha recordado también que en la estipulación VI del convenio se recoge que, ante el "incumplimiento" por parte del propietario, la Alcaldía dictará una resolución con fundamento en el convenio que le será notificada al menos con diez días de antelación, determinando el día y la hora en la que se procederá a ejecutar con carácter subsidiario la orden de cese de la actividad, incluso con el sacrificio de los animales, sin necesidad de solicitar autorización judicial de entrada.

Así, Adame ha manifestado que ha tenido que soportar junto a su familia, durante muchos años, "los daños y perjuicios que suponen tener una explotación ganadera ilegal" junto a su vivienda, situación que "ha sido tolerada por el Ayuntamiento", convirtiéndose de ese modo en "corresponsable".