Un acuerdo triangular, modelado entre los ayuntamientos, la concesionaria y el administrador concursal, probablemente pionero en Andalucía, concluye en un aumento salarial que beneficiará a las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio de Fernán Núñez y Montemayor, vecinas localidades de la Campiña Sur. Los nuevos convenios adquieren un carácter retroactivo desde el pasado 1 de marzo.

Ambos alcaldes de Izquierda Unida gobiernan con mayoría absoluta las respectivas localidades y coaligaron fuerzas, desde finales de marzo, en su empeño de lograr trasladar a las empleadas de esta cobertura pública el incremento del precio de esta prestación aplicado al comienzo del tercer mes del año por la Junta de Andalucía. La modificación dispuesta, con una subida del 13%, fijaba la cuantía en 14,60 euros por hora.

Los obstáculos iniciales, en estos municipios situados a siete kilómetros, para lograr el objetivo primordial, estimularon a Alfonso Alcaide –primer edil de Fernán Núñez- y a Antonio García –su homólogo en Montemayor- a paralizar la tramitación plenaria de la actualización de los contratos de adjudicación de esta atención asistencial. Consensuaron defender la negativa a la inserción de los avances económicos hasta que la empresa responsable garantizase que, “en un 50%”, el ascenso de los ingresos globales favorecería a la plantilla.

La intervención judicial y económica ordenada en la firma ADL, encargada del servicio de ayuda a domicilio en Fernán Núñez y Montemayor, dificultaba la inflexible pretensión de los consistorios.

Representante de la empresa y Antonio García

Los regidores, desde un primer momento, expresaban que  la dirección de la empresa sí aceptaba el requisito exigido e irrevocable, refutado, por razones previsibles, desde la administración concursal. Alfonso Alcaide indicaba, desprovisto de cualquier evasiva, que “mientras que la ley no nos obligue, no vamos a hacerlo voluntariamente”, en alusión al debate e hipotética validación plenaria del acrecentamiento del desembolso destinado a la sociedad gestora de una función extraordinariamente sensible, indispensable y arriesgada, sobre todo, en un panorama de pandemia. El alcalde de Montemayor, Antonio García, apuntaba que articularían cualquier vía factible como la actuación de los servicios jurídicos de la Diputación de Córdoba.

Unos 65 euros al mes y hasta 600 euros cada año

Semanas de negociaciones y perseverancia irrenunciable se han plasmado, formalmente en sendos documentos bilaterales, en un progreso de las nóminas que, aproximadamente, en promedios generales, reportará a una trabajadora contratada a jornada completa unos 65 euros mensuales más o hasta 600 euros al año complementarios.

El administrador concursal y la empresa ADL se han avenido a admitir un incremento de los sueldos cuantificado en un 6,5%. Alcaide celebra la “buena predisposición” final de las mencionadas partes al rubricar un compromiso que avala un incremento, en la hora trabajada por las empleadas, de 0,75 euros brutos.

“No era entendible ni defendible”,  ha manifestado Alcaide, que, después de interminables años de reivindicaciones laborales, este logro “no favoreciera en una parte a las trabajadoras”. En una valoración más ideológica, ha argumentado que “no entiendo la política sin poner por delante los derechos de los trabajadores” y ha subrayado que estos porcentajes atañen a “sueldos muy bajos de partida”.

Por su parte, Antonio García ha opinado que este feliz resultado incide, de forma provechosa, “tanto en el sector, que tanto lo necesita, como en el municipio” y rezuma, García, “satisfacción”. Relata García que “las representantes y las trabajadoras están muy contentas de que sus alcaldes hayamos peleado en su nombre”. Actualmente, unas 150 empleadas componen la nómina de este servicio básico en Fernán Núñez y unas 55 en Montemayor.