El fraude eléctrico se ha incrementado de manera relevante en los últimos años hasta convertirse en un serio problema con especial incidencia en algunas zonas de España. Es el caso de Córdoba, donde la energía eléctrica defraudada aumentó en 2023 un 17% respecto al año anterior, según ha informado este lunes Endesa.

Y es que tan solo el pasado año, e-distribución, la filial de redes de la compañía, desmanteló en la provincia cinco fraudes al día, una práctica que supone una "grave amenaza" para la seguridad de las personas y genera "importantes perjuicios" para el conjunto de la sociedad. Las estimaciones indican que el fraude eléctrico le cuesta al conjunto de los consumidores españoles más de 2.000 millones al año, el equivalente a 69 euros al año por cada punto de suministro.

“La manipulación de las instalaciones eléctricas nos afecta a todos. Suponen un riesgo físico que puede provocar incluso la muerte de los implicados o de terceros que no tienen nada que ver con esta práctica ilegal, afecta a la calidad del suministro a los vecinos y cuesta dinero a todos los consumidores”, señala José Manuel Revuelta, director general de Redes de Endesa.

En el último año en Córdoba los casos de fraude de todo tipo detectados por e-distribución han sido de unos 2.000, cifra muy similar a la del año anterior. La energía recuperada vinculada a estos expedientes se ha disparado un 17% hasta alcanzar los 17 GWh, equivalente al consumo de 4.800 hogares.

Las plantaciones de marihuana acapararon el 7% de la energía defraudada detectada durante el pasado ejercicio por la filial de Endesa en Córdoba. El resto correspondió a grandes consumos vinculados a la actividad industrial, negocios y al sector residencial, aunque es destacable que solo el 2% se localizó en las viviendas con un consumo más bajo, con una potencia contratada inferior a los 3KW.

Plantaciones de marihuana

En Córdoba, la energía recuperada en los fraudes vinculados a plantaciones de marihuana en el interior de edificios, conocidas como indoor, ha sido de 1,2 GWh en 2023. Mientras, en España los expedientes por enganches ilegales a la red eléctrica vinculados a plantaciones de cannabis en las zonas en las que opera e-distribución han aumentado cerca de un 70% en los cinco últimos años, y la energía recuperada en estos expedientes ha crecido un 83% en el mismo periodo.

Cada plantación consume, en promedio, como 80 viviendas con lo que el impacto de estas instalaciones fraudulentas en las pérdidas del sistema eléctrico y en el deterioro de los equipamientos y de la calidad de suministro en zonas con elevado porcentaje de fraude es evidente.

Se estima que las plantaciones de marihuana consumen en España unos 2,2 TWh de electricidad, equivalente al consumo de una ciudad del tamaño de Sevilla en un año. En algunas zonas, acaparan hasta el 80% del consumo eléctrico y los sistemas de iluminación y ventilación utilizados para acelerar el crecimiento de las plantas funcionan mediante enganches ilegales que causan estragos en la red eléctrica. Generan sobrecargas que activan las protecciones de los centros de transformación provocando interrupciones de suministro que afectan a todos los vecinos de la zona y, en casos extremos, llegan a originar incendios en líneas subterráneas o incluso en centros de transformación recién instalados.

La proliferación de estas instalaciones ilegales controladas por “verdaderas organizaciones trasnacionales con una potente actividad policriminal” según los datos del ministerio del Interior, supone además un riesgo para la actuación de los inspectores y técnicos de e-distribución, que deben actuar encapuchados para evitar su identificación y desarrollan su labor con acompañamiento policial.

En el último año, e-distribución ha participado en cerca de 2.400 operaciones de las Fuerzas de Seguridad para desmantelar cultivos indoor, una colaboración que se refuerza con el intercambio continuo de datos y se extiende a otros expedientes de manipulaciones en la red, ya que en seis de cada diez casos es necesaria su colaboración para cortar los suministros fraudulentos.

Inspecciones y tecnología

El uso de la inteligencia artificial y el empleo de nuevas tecnologías se han convertido en herramientas "esenciales" para combatir un fraude cada vez más profesionalizado y en el que existe una alta tasa de reincidencia tras la que subyace una percepción de escaso riesgo económico y una legislación más laxa que en otros países de nuestro entorno. En España, la defraudación de fluido eléctrico está tipificada como un delito leve con pena de multa a diferencia de países como Francia, Alemania, Portugal o Italia, donde se considera un delito grave que puede acarrear pena de cárcel.

Para combatir este problema que afecta al conjunto de los ciudadanos, e-distribución realizó el pasado año cerca de 400.000 inspecciones y tiene previsto efectuar 1,5 millones de inspecciones en periodo 2024-2026.