Colectores rotos, estaciones que no funcionan a pleno rendimiento, instalaciones sin capacidad para gestionar todas las aguas residuales de los municipios... La Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa) acumula 987.757 euros en multas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) por vertidos registrados entre los años 2008 y 2012, según un informe de la propia empresa al que ha tenido acceso El Día.

En este periodo, fue 2010 el año en que la entidad que gestiona el cauce del Guadalquivir fue más exigente, pues impuso a los municipios sanciones por valor de 595.514 euros, una cuantía que debe afrontar la empresa provincial por poseer las competencias del ciclo integral del agua. En 2008, la CHG decretó sanciones por 47.290 euros, mientras que en 2009 fueron 127.976 euros. En 2011, los vertidos supusieron 139.084 euros en multas y el año pasado, 55.648.

La Diputación aprobó el 13 de febrero de 2004 un convenio de colaboración con la Junta de Andalucía cuyo objeto era articular la coordinación y la cooperación entre ambas administraciones para depurar las aguas residuales de uso urbano en la provincia. El acuerdo contemplaba la explotación y conservación de las infraestructuras de depuración entonces existentes, así como la financiación y construcción de depuradoras en aquellos municipios que así lo necesitaran, hasta un total de 43 estaciones. Transcurridos ocho años, aún faltan por ejecutar 13.

El propio Pleno de la Diputación reconoció esta situación en julio de 2012 con una moción presentada por Izquierda Unida y que aprobaron por unanimidad los cuatro grupos políticos presentes en la institución provincial para instar a la Junta a cumplir el acuerdo. Algunas depuradoras "siguen teniendo deficiencias sin corregir, y otras directamente no funcionan a pesar de llevar más de dos años terminadas, como es el caso de Espejo-Castro del Río, a expensas del enganche eléctrico, o las de Aguilar y Doña Mencía, que funcionan bajo mínimos por los daños de las inundaciones de 2010". El no disponer de estas infraestructuras supone no sólo "el incumplimiento de la normativa y un daño medioambiental importante", sino que "también nos encontramos con sanciones por parte de la CHG por vertidos a los ayuntamientos que estos delegaron la competencia a la Diputación", reconoció el pleno.

La explotación de las depuradoras -fundamentalmente, mantenimiento y conservación- se realiza mediante contratos administrativos por lotes con empresas especializadas por periodos máximos de tres años y tres posibles prórrogas de un año cada uno. La adjudicación de los contratos se hizo a finales de 2009. Del primer lote se encarga la firma Aqualia, que gestiona 11 instalaciones en el entorno del Alto Guadiato y Los Pedroches. Aquagest Sur se encarga del lote dos, que incluye a Montoro y los municipios de su entorno. En el tercer grupo -del que se encarga la empresa Saconsa- entran Castro del Río-Espejo, Doña Mencía, Palma del Río o Zuheros, entre otros municipios. Acciona gestiona el lote cuatro, con Aguilar, Cabra, Fernán Núñez y Montemayor.

Según el informe de Emproacsa, Villanueva de Córdoba recibió la multa más cuantiosa impuesta entre 2008 y 2012, por un total de 57.667 euros, el equivalente a la suma de todas las sanciones que la Confederación decretó el año pasado. El estudio enumera más de 230 irregularidades detectadas en el periodo señalado, en municipios de toda la geografía de la provincia. Aparte de Villanueva, fueron objeto de sanciones significativas Palma del Río -en 2009, hay una multa de 27.494 euros-, Belmez -pagó 36.225 euros en 2010-, Iznájar -26.935 euros en 2010- o Montoro -31.947 euros el mismo año-. En 2012, fueron 11 las localidades sancionadas: Adamuz, Castro del Río, Encinas Reales, Espejo, Espiel, Fuente Obejuna, Guadalcázar, Moriles, Nueva Carteya, Pedro Abad y San Sebastián de los Ballesteros. Este último municipio fue sancionado en todos los ejercicios incluidos en el informe.

La situación de las depuradoras en dispar. Están pendientes de licitar Alcaracejos, Almodóvar del Río, Benamejí, La Carlota, Encinas Reales, La Victoria, Fuente Palmera, Monturque o Santaella. Otras funcionan con problemas. Es el caso de la instalación de Aguilar, con un colector averiada, o de Doña Mencía, con colectores rotos en varios puntos, en ambos casos desde las inundaciones de 2010. Igual de llamativos son los casos de Iznájar, que sólo filtra los residuos del 20% de la población, o de Castro del Río-Espejo, terminada desde hace tres años pero pendiente de un enganche eléctrico. En Belalcázar, la depuradora no tiene capacidad para recibir todo el caudal, mientras que en Bujalance-Cañete sufre inundaciones cuando llueve.