El Pleno de la Diputación de Córdoba, en su sesión correspondiente al mes de octubre, ha aprobado este miércoles la construcción de 42 viviendas públicas para alquiler social en una decena de municipios de la provincia, por valor de más de 4,7 millones de euros. De esta cuantía, la institución provincial destinará a la construcción de esos inmuebles 2,3 millones de euros y el resto de la cuantía la Junta de Andalucía. El periodo de construcción previsto de estas viviendas se prolongará hasta 2026.

En concreto, en Nueva Carteya el coste de la construcción se eleva a los 842.546,58 euros, mientras que en Hornachuelos, 891.764,50 euros y en Posadas un total de 591.243,69 euros. Por su parte, en El Viso se destinarán 112.522,57 euros, mientras que en Aguilar de la Frontera se eleva a los 300.339,86 euros.

Otro de los municipios en los que se ejecutarán este tipo de viviendas de estas características es Hinojosa del Duque, por valor de 390.666,76 euros, mientras que se destinarán en La Carlota, 390.841,40 euros. También se construirá en Fuente Palmera, por valor de 293.000,07 euros, en Iznájar, 489.061,13 euros, Dos Torres, 291.603,06 euros y en Fuente Carreteros, un 135.231 euros.

En concreto, la institución provincial va a financiar la promoción de tres viviendas de protección oficial en Aguilar de la Frontera, siete en Nueva Carteya, otras siete en Hornachuelos, una en El Viso, tres en Fuente Carreteros, seis en Posadas, cinco en Iznájar, cuatro en Hinojosa del Duque, tres en Dos Torres y otras tres en Fuente Palmera.

El marco en el que se lleva a cabo esta iniciativa es el de los programas de  rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea –NextGeneration – en Andalucía.

Otro de los puntos que ha salido adelante en la sesión plenaria, aunque con las críticas del PSOE y que se ha aprobado por unanimidad, ha sido la modificación del programa contra el despoblamiento mejora de las comunicaciones 2022-2023. El portavoz del PSOE en la institución provincial, Víctor Montoro, ha asegurado que este cambio elimina 1,2 millones de euros para llevar a cabo mejoras en la carretera de entrada a Montoro.

Ante ello, el portavoz del PP en la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, ha señalado que "el embellecimiento a la entrada en los núcleos urbanos no puede estar por delante de la seguridad vial de nuestras carreteras". 

En su respuesta, Lorite ha recordado que "a principios del ejercicio presupuestario de 2023 se incorporó 2,1 millones de euros", en este caso, bajo el mandato de PSOE e IU en la Diputación. "Sus compañeros decidieron que fuera a una sola actuación: al embellecimiento de la entrada a Montoro por el cementerio a partir de la A-4, estableciendo carriles bici, mobiliario urbano, separadores u otros elementos ornamentales". No obstante, ha señalado que con esta modificación "se hará una actuación integral valorada en 600.000 euros en 2023".

Este cambio, ha continuado, va a permitir "destinar 1,4 millones de euros a revolver un grave problema entre la carretera entre Montilla y Montalbán, donde ha habido múltiples accidentes, y a poco que llueva, la carretera se corta y es la única de acceso al municipio entre ambos municipios y se acceden a accesos básicos". Otro de los cambios que se va a llevar a cabo es La Granjuela.

Al respecto, el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, se ha comprometido a hablar con alcaldesa de Montoro, Lola Amo (PSOE), para adecentar entorno del cementerio de la localidad a lo largo del año que viene.

La sesión también ha dado luz verde a una moción presentada por el grupo Vox relativa a la atención a las personas mayores y al impulso de medidas contra la soledad no deseada. Para estas actuaciones se destinará medio millón de euros, que irán para cubrir urgencias de ayuda a domicilio para familias que no reciben la prestación por dependencia mientras se tramita su solicitud.

La propuesta incluye fomentar inversiones públicas para proveer de infraestructuras destinados a programas de envejecimiento activo de los mayores, aumentar el gasto en sanidad para paliar las desigualdades sociales de las personas mayores, e instar a la Junta a reducir los plazos para la concesión de las ayudas de la dependencia.

Otro de los puntos destacados ha sido el de la modificación de crédito, por un total de 771.000 euros, del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), que se destinará a la financiación de distintos programas de este organismo provincial, tales como el de Empleo Social, Emergencia Social,  Intervención Familiar en Situaciones de Pobreza Energética, Apoyo a la Infancia y Familias, Envejecimiento Activo y Saludable, Participación Social del Mayor y Servicio de Ayuda a Domicilio de Urgencias.

Además se ha aprobado un plan de empleo extraordinario y de medidas fiscales, laborales y de empleo y agrarias para el personal eventual del campo andaluz, otra relativa a la dignificación de los profesionales de la abogacía y la procuraduría en relación con su protección social y otra relativa a la protección de los menores en el entorno digital.