El Defensor del Pueblo ha notificado a la Dirección General de la Guardia Civil un recordatorio de deberes legales para que en el Destacamento de Tráfico de Lucena “se ajusten a los parámetros establecidos en la Ley las resoluciones que las autoridades competentes adopten a las solicitudes que formulen los agentes”, por ejemplo, para los días de asuntos propios. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha subrayado este viernes que, una vez más, "óganos ajenos" al Instituto Armado le dan la razón.

El origen de estas actuaciones es una queja al Defensor del Pueblo elaborada por los servicios jurídicos de AUGC en Córdoba para uno de sus afiliados destinado en el citado destacamento ante los "reiterados incumplimientos" de la normativa reguladora en las denegaciones de permisos por asuntos particulares por parte de quien hasta hace apenas un mes era el teniente jefe del destacamento, actualmente sustituido por otro oficial del que AUGC espera otra forma de ejercer el mando.

A dicho requerimiento ha contestado la Dirección General de la Guardia Civil que se ha dado traslado a fin de que, en lo sucesivo, cuando proceda la denegación de solicitud de permiso por asuntos particulares, por parte de un componente de dicha unidad, "se emita resolución formal motivada, ajustada a los parámetros establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y le sea notificada al solicitante dentro de los plazos establecidos”.

El secretario jurídico de AUGC en Córdoba, Francisco Cruz, ha expresado que “estamos muy satisfechos porque el Defensor del Pueblo ha confirmado lo que llevamos mucho tiempo poniendo de manifiesto, que algunos mandos no respetan los derechos de los guardias civiles, en este caso su derecho a conocer los motivos por los que se les deniegan los permisos y a que se siga un procedimiento administrativo garantista ajustado a la ley".

"Lo que más nos preocupa es que desde la jefatura del Subsector de Tráfico de Córdoba, a pesar de los reiterados recursos comunicando lo que estaba sucediendo en el destacamento de Lucena, se haya respaldado la deficiente actuación del anterior teniente y no se haya adoptado ninguna medida al respecto. Esperamos que tras la resolución del Defensor del Pueblo, que ha sido asumida por la propia Dirección General de la Guardia Civil, cambien su modo de proceder los mandos que adoptan sus decisiones sin ajustarse a la legislación vigente”, ha explicado Cruz.