El Consorcio de Bomberos recibió hasta cinco avisos de impago a la Seguridad Social

Hasta en cinco ocasiones en los últimos ejercicios presupuestarios alertó la Tesorería General de la Seguridad Social al Consorcio Provincial de Extinción de Incendios -organismo dependiente de la Diputación- de que no se estaban atendiendo los aplazamientos ya pactados correspondientes a las cuotas de los trabajadores de la entidad provincial. De hecho, en la misiva de la Seguridad Social recibida, según el PP, el pasado 5 de marzo, ya se alerta de que se ha hecho caso omiso a otros cuatro requerimientos anteriores para abonar una deuda que a día de hoy es de 7,2 millones de euros. Las fuentes consultadas por El Día han precisado que es posible que existan más notificaciones anteriores, además de esas cinco. Las mismas fuentes indicaron que todo apunta a que el montante pendiente de pago corresponde a la parte que paga la empresa a la Seguridad Social por sus trabajadores, que en el caso del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios son unas 200 personas aproximadamente.

Las presuntas irregularidades fueron denunciadas el pasado viernes por el actual presidente del consorcio, Manuel Gutiérrez, y el vicepresidente primero de la Diputación, Salvador Fuentes, quienes cifraron en diez millones el agujero de la entidad pública, 7,2 millones de débito a la Seguridad Social y 2,7 de una póliza de crédito firmada sólo unos días antes del traspaso de poderes entre el PSOE y el PP en la Diputación cordobesa y del que "no nos informaron", según Fuentes.

Pero el problema del impago de las cuotas a la Seguridad Social no sólo se produjo en el anterior mandato, sino en el que va de 2003 a 2007, cuando era presidenta del Consorcio de Extinción de Incendios la socialistas Francisca Carmona, actual alcaldesa de Moriles y presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Campiña Sur. Le sucedió en el cargo en 2007 Fernando Expósito (PSOE), quien el pasado viernes reconoció que conocía la situación y que se trataba de un asunto que venía ya arrastrado de la etapa anterior. Asimismo, se puso a disposición del actual presidente de la entidad para "aclarar lo que haga falta". También justificó la solicitud de la póliza de crédito para pagar las nóminas de los trabajadores del consorcio.

Mientras, y ante la gravedad de los hechos, el consejo rector ha acordado la constitución de una comisión técnica para clarificar lo sucedido en estos años, si bien Salvador Fuentes ya ha avanzado que "se pedirán responsabilidades políticas y judiciales" por lo ocurrido. Desde IU, Francisco Martínez ya calificó lo ocurrido como "escándalo lamentable", aunque también criticó al PP por dar cuenta de este asunto en plena campaña electoral. Por parte del PSOE, Salvador Blanco ya comentó que "somos los primeros interesados en que se aclare la situación del Consorcio". También está por ver en qué situación quedan los ayuntamientos, que realizan anualmente sus aportaciones para el mantenimiento del servicio de extinción de incendios.