La Fiscalía y el Tribunal de Cuentas tendrá información detallada de las irregularidades en la gestión del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios, dependiente de la Diputación, desde el año 2003 hasta 2011, toda vez que así lo decidió ayer el consejo rector de la entidad. La decisión se ha tomado después de conocer los informes tanto del interventor de la Diputación como de los servicios jurídicos del Palacio de la Merced en relación a una deuda de unos ocho millones de euros con la Seguridad Social, la solicitud de una póliza de crédito de 2,7 millones de euros o la ampliación del parque de bomberos de La Carlota sin expediente previo ni concurso.

Los datos que constan en esos informes y de los que ayer dieron cuenta tanto el vicepresidente primero de la Diputación, Salvador Fuentes, como el vicepresidente tercero y máximo responsable del Consorcio, Manuel Gutiérrez, revelan prácticas presuntamente irregulares, como el desvío de fondos del capítulo I del presupuesto (gastos de personal) al de gastos corrientes de bienes y servicios. Así, el informe cita que "no se llega a comprender cómo es posible que 1.776.000 euros se hayan retirado de la consignación" para el pago de nóminas y se dediquen a otros asuntos. Así, Fuentes precisó que incluso 147.000 euros que en teoría estaban en el capítulo de personal se desvió para el pago de regalos de Navidad, obsequios o catering, entre otros. A este respecto, el informe es muy claro al denunciar esta práctica y dice que "es totalmente incomprensible disminuir el crédito de una partida que se sabe y conoce a ciencia cierta que no es reducible puesto que son gastos de carácter obligatorio y no potestativo", como son las nóminas.

En principio, serán el fiscal y el Tribunal de Cuentas los que indiquen qué responsabilidad y de qué tipo tienen tanto el ex gerente del consorcio, Antonio Navarrete, quien tiene abierto un expediente disciplinario, como el secretario y el interventor del consorcio o los presidentes del mismo en el periodo en el que se cometieron las irregularidades -Francisca Carmona (PSOE), Fernando Expósito (PSOE) y Manuel Gutiérrez (PP)-.

En cuanto a la póliza de crédito, Fuentes afirmó que "se ha incurrido presuntamente en un delito de usurpación de personalidad pública en el caso de la secretaria, por lo que vamos a pedir responsabilidad penal y que se repare este quebranto". Gutiérrez añadió que fue el gerente el que utilizó un nombramiento como secretario temporal del año 2005 para firmar la documentación para la solicitud de la póliza, sólo un día antes de la toma de posesión del nuevo gobierno provincial y con unas condiciones que no eran las que previamente había aprobado el consejo rector del Consorcio de Bomberos.

En cuanto a la segunda fase de las obras del parque de La Carlota, es el gerente quien en principio ordena que sea la misma empresa de la primera fase ejecute los trabajos por 260.000 euros y pese a las advertencias de los técnicos de que era necesario el inicio de un expediente. No obstante, Manuel Gutiérrez aclaró que el posterior pago de las facturas sí está firmado por el anterior presidente, Fernando Expósito.

Respecto a la gestión económica del ente, Fuentes avanzó que el interventor y el secretario de la Diputación se harán cargo del mismo en sustitución de los anteriores gestores. De hecho, el anterior interventor del consorcio no estaba registrado, ni siquiera a nivel de consulta, en el programa informático donde queda constancia de las operaciones contables realizadas. El informe incide además en el nefasto control del consorcio, hasta el punto de que "todas las liquidaciones del presupuesto desde el ejercicio 2003 hasta la fecha son erróneas, al omitir una parte importante de deuda que no estaba siendo reconocida", reza el informe, que incluso avanza que "probablemente, tras un estudio mucho más minucioso se pongan de manifiesto otras irregularidades contables y presupuestarias".

En cuanto a la deuda con la Seguridad Social, Manuel Gutiérrez confirmó que se ha dejado de pagar la cuota que corresponde a la parte del trabajador, mientras que Fuentes dijo que hay dos posibles salidas. La primera, que la Diputación asuma el 51% de la deuda (4.080.000 euros) abonando un pago inaplazable de 650.000 euros y haciéndose cargo de otro pago aplazable por valor de 3.430.00 euros, mientras que los ayuntamientos hacen frente al pago del 49% restante en cinco anualidades a partir de 2013. La otra posibilidad es repartir la deuda entre los consorciados.

Mientras, el portavoz del PSOE en la Diputación, Salvador Blanco, dejó claro ayer que su grupo "apoya las decisiones que ha adoptado hoy el consejo rector" del Consorcio de Bomberos "para que se aclare lo sucedido" y apuntó que "ya veremos lo que ocurre" cuando el caso llegue a la Fiscalía.