El Consistorio rechaza el anillo ferroviario por interferir en una zona arqueológica

El Ayuntamiento ha presentado alegaciones a la construcción del anillo ferroviario en la comarca de Antequera, entre otros motivos, porque el proyecto ocupa una superficie donde los indicios apuntan a la existencia de restos arqueológicos de origen romano y no se han realizado las catas de impacto correspondientes, según denunció la concejala de Desarrollo y alcaldesa pedánea del Tejar, María del Carmen Reina (PSOE).

La pretensión con la que nació el anillo ferroviario, una infraestructura valorada en 350 millones de euros, es la de convertirse en el de mayor extensión del mundo, por delante de los existentes en la República Checa, Alemania, Japón y Estados Unidos. En estas instalaciones, donde se realizarán procesos de homologación y certificación de material rodante, así como la investigación y pruebas de nuevos desarrollos tecnológicos, los trenes podrán alcanzar hasta 450 kilómetros por hora, cuando el límite en este tipo de infraestructuras no excede de los 270 kilómetros.

El anillo ferroviario presenta cifras récord: su coste de mantenimiento anual estimado se cifra en 3,63 millones, mientras que los ingresos alcanzarían los 4,28 millones. La previsión es que se creen 7.000 empleos. La construcción de los circuitos principal (con unos 58 kilómetros de longitud) y secundario, así como de sus conexiones, requerirán de la ocupación definitiva de más de 8,2 millones de metros cuadrados, el equivalente a 820 campos de fútbol.

El Ministerio de Fomento hizo público a mediados de abril el listado de las fincas que se expropiarán, repartidas entre los municipios malagueños de Antequera, Fuente de Piedra, Cuevas Bajas, Humilladero y Mollina, además de Benamejí. Las parcelas afectadas en la localidad del sur de Córdoba son 91, con 1.300 hectáreas expropiadas. La edil detalló que, aunque el trazado del anillo en sí apenas recorre 1,2 kilómetros del término municipal, las tierras expropiadas -la gran mayoría, cultivos de olivar- se utilizarán para "vertedero y préstamo" de material de obra.

La alegación que el Ayuntamiento ha presentado ante la Subdelegación del Gobierno de Málaga, para que las remita a Fomento, se basa en tres puntos. La principal -explicó Reina- es que "han aparecido restos de un posible yacimiento romano" en uno de los polígonos que serán expropiados. La zona es "de gran interés arqueológico, cultural y patrimonial", pero aún no ha sido estudiado por los arqueólogos ya que las catas -dijo la concejala- sólo se han realizado en el trazado del anillo, pero no en las zonas de excavación. El Consistorio ya ha pedido a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía que realice un informe, cuyo resultado será "vinculante" para el macroproyecto, advirtió Reina.

El segundo motivo para oponerse a la iniciativa es que, durante las obras, "no se proponen vías alternativas" de comunicación. El Consistorio enumera hasta 12 vías públicas afectadas por la intervención cuya conservación depende de la Diputación, el Ministerio de Fomento y el propio municipio. La vía principal afectada será la travesía de la aldea del Tejar que, además, es la única de acceso a la localidad vecina de Palenciana. La alcaldesa pedánea recordó el tráfico de vehículos pesados que soporta esta zona por la oleícola, que se quedará -advirtió- sin vías alternativas.

La tercera alegación es de carácter medioambiental y se refiere a la afectación del acuífero de la Fuente Santa, que abastece a una parte de la población del municipio y de la aldea. La masa de agua no se incluye en la zona de expropiación, pero sí "muy próxima", por lo que "se verá afectada obligatoriamente". El Ayuntamiento ha presentado junto con las alegaciones alrededor de medio millar de firmas de los vecinos, "muy preocupados" por el proyecto.

Fomento vincula el desarrollo de la infraestructura y su explotación a la iniciativa privada. De hecho, condiciona su futuro a la existencia de empresas privadas dispuestas a actuar sobre el terreno. Así, buena parte de la inversión necesaria para la ejecución de esta intervención será asumida directamente por los socios privados, mientras que la parte pública procedería de los fondos Feder.