El Consejo de Ministros ha acordado declarar zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil (Zaepc) a cinco provincias andaluzas -Granada, Sevilla, Córdoba, Cádiz y Huelva- que este verano han sufrido importantes incendios forestales, además de provincias de otras 12 comunidades autónomas. En el caso de Córdoba ha sido por el incendio declarado en Villaharta y que amenazó con quemar prácticamente el pueblo, por lo que la Junta se vio obligada a activar una alerta especial, mientras que el producido en el Puerto del Calatraveño, en el término municipal de Alcaracejos -en el que se quemaron unas 610 hectáreas de un gran valor medio ambiental- se ha quedado fuera.

El motivo: en todos los casos, estos incendios a los que se les ha concedido la declaración alcanzaron tal gravedad que las administraciones competentes (las comunidades autónomas) se vieron obligadas a activar sus respectivos planes de protección en una situación operativa de entidad (niveles 1 o 2), tal y como establece el Plan Estatal General de Emergencias (Plegem) aprobado el pasado 15 de diciembre por el Gobierno para acceder a la declaración de Zaepc. El de Alcaracejos también fue muy grave, pero tan solo se quedó en nivel 0.

En el caso de Villaharta, la Junta decretó el nivel 1 del Plan por Incendios Forestales en su fase provincial la noche del domningo 15 de agosto. El nivel 1, que estuvo vigente durante más de nueve horas, se activa en aquellos incendios que pudiendo ser controlados con los medios de extinción previstos en el Plan se prevé por su posible evolución la necesidad de la puesta en prácticas de medidas para la protección de las personas y de los bienes.

El amplio dispositivo de extinción del Plan Infoca movilizado en la zona trabajó durante toda la noche del domingo 15 y toda la mañana del lunes 16 centrando sus esfuerzos en el flanco más próximo al pueblo para evitar que el fuego alcanzara la población, a la que se recomendó, por prevención, que cerraran puertas y ventanas para evitar que el humo entrara en los domicilios, así como también se aconsejó a los vecinos que evitaran entrar y salir del sus viviendas y los desplazamientos.

Por lo que respecta a la zona del Puerto del Calatraveño, en el término municipal de Alcaracejos, fueron también muchas las propiedades personales que fueron pasto de las llamas. En esas 610 hectáreas que se quemaron en el incendio del Puerto del Calatraveño, por ejemplo, había zonas con cultivos, zonas de olivar, de monte mediterráneo, hasta una plantación de pistachos y animales, entre otros.

Evaluación de los daños

En el caso de la declaración del Gobierno a Villaharta se trata del reconocimiento "de una emergencias de protección civil de grandes proporciones que ha provocado daños personales, en infraestructuras y en bienes públicos y privados, así como daños en cultivos y explotaciones agropecuarias, polígonos industriales y otras instalaciones productivas".

Estos daños no han podido ser identificados y cuantificados con la precisión necesaria para determinar las ayudas destinadas a paliar tales perjuicios, por cuanto la fase de recuperación, iniciada inmediatamente después de la de intervención, no ha finalizado todavía.

Pese a no disponer de una estimación definitiva de los perjuicios ocasionados por estas catástrofes, desde el Gobierno han indicado que se ha valorado que la magnitud de sus efectos, las medidas que ha sido necesario adoptar para paliar la grave perturbación de las condiciones de vida de la población y conseguir el pleno restablecimiento de los servicios públicos esenciales justifican la intervención de la Administración General del Estado por solidaridad interterritorial y para complementar las actuaciones que, en ejercicio de sus competencias, tienen encomendadas las administraciones públicas territoriales.

El acuerdo del Consejo de Ministros se extiende a las zonas que, sin necesidad de disponer de una evaluación de daños y a la vista de la información disponible, resulta manifiesto que han padecido y los efectos de los incendios, sin perjuicio de extenderla posteriormente a las zonas que hayan podido quedar excluidas, como se hizo en el caso de la borrasca Filomena, lo que podría suponer que Alcaracejos también pudiera optar a las ayudas.

Todas las ayudas disponibles en estas zonas declaradas como Zaepc están previstas y reguladas en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se determinan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica y se establece el procedimiento para su concesión.

La declaración como Zaepc permitirá que los afectados puedan beneficiarse de una serie de medidas y ayudas destinadas a paliar tanto daños personales como materiales en vivienda y enseres y en establecimientos industriales, mercantiles, agrarios, y de otros servicios.

La declaración también incluye ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes, así como a las corporaciones locales en sus labores de recuperación de las áreas devastadas por el fuego.

Una vez que la Administración General del Estado disponga de una memoria con la estimación de los daños producidos, que realizará en colaboración con el resto de administraciones autonómicas y locales competentes, este acuerdo podrá incorporar otras medidas complementarias a las adoptadas por las administraciones territoriales, a las que corresponde la competencia en materia de protección civil. Así, se estudiará la posible adopción de medidas fiscales relativas al IBI, IAE, IVA e IRPF para compensar las pérdidas ocasionadas.