Los servicios jurídicos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han asesorado y representado a un guardia civil destinado en el Puesto de Bujalance, obteniendo una sentencia del Juzgado número 2 de Montoro mediante la que se condena a dos vecinos de dicha localidad como autores de sendos delitos de atentado a agente de la autoridad y delitos leves de lesiones, por los que se les imponen penas de cuatro meses de prisión, así como a indemnizar a dos agentes por las lesiones sufridas.

Además de esos dos vecinos, que ya han ingresado en el centro penitenciario de Córdoba, ha sido condenada una mujer por delito de atentado a agente de la autoridad, si bien se ha suspendido la ejecución de la pena de prisión, así como también se ha condenado a otros dos hombres de la misma localidad por sendos delitos de resistencia a la autoridad.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 20 de enero, cuando los agentes de la Guardia Civil establecieron un dispositivo para la localización y detención de dos acusados, y al llegar a la calle Ronda Sur de Bujalance se encontraron con un grupo de unas 20 personas que les increpaban e insultaban, con la intención de obstaculizar e impedir que pudieran detenerles. "Dos hombres y una mujer de la misma familia agredieron a tres de los guardias civiles intervinientes, golpeándoles con puñetazos y un rodillazo, ocasionándoles a dos de ellos diversas lesiones", según detallan desde la asociación.

"Una vez más se corrobora lo que AUGC viene denunciando, que más del 40% de los accidentes que sufren los guardias civiles son consecuencia de agresiones físicas", según un informe de la dirección general del Cuerpo. Cada semana, denuncia la asociación, los agentes "se convierten en blanco de los delincuentes, que saben lo barato que les sale agredir a los guardias civiles y policías, con penas irrisorias e indemnizaciones que en la mayoría de los casos no se pagan al declararse insolventes los agresores".

Por ello, AUGC "lleva mucho tiempo reclamando que se modifique el Código Penal para endurecer las penas por este tipo de delitos y se refuerce la protección jurídica tanto a los agentes como a sus familiares ante las amenazas y agresiones que sufren".

Para la asociación, sin embargo, "el Gobierno y los grupos parlamentarios, lejos de atender esa reclamación, pretenden hacer precisamente lo contrario con su reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que agravará aún más la situación de indefensión que padecen los agentes, como denunció ante la Subdelegación del Gobierno en Córdoba la Plataforma No a la España Insegura", de la que forma parte AUGC junto a la mayoría de asociaciones de la Guardia Civil y sindicatos de Policía.