El Juzgado de lo Penal número 3 ha condenado a siete meses y 15 días de prisión a A. R. M., el propietario de la vaqueriza ilegal, por considerarlo autor de un delito de desobediencia cometido al desobedecer la orden del Ayuntamiento de Fuente Palmera que instaba al cierre. La sentencia considera probado que el 8 de julio de 2009 el alcalde colono acordó la "inmediata suspensión" del negocio en la explotación ganadera debido a que "carecía de la preceptiva licencia municipal de actividad".

Por esta razón, el decreto municipal concedía al acusado un plazo de diez días para cesar y trasladar sus animales a otro emplazamiento que estuviera habilitado para la estabulación. La orden del primer edil recogía que, en el caso de desobedecer su instrucción, se le impondría una "multa coercitiva". La sentencia relata que el Consistorio intentó notificar la orden el 8 de septiembre de 2009, pero el ganadero se negó a firmar. El 4 de septiembre, y después de comprobar el primer edil el "manifiesto desprecio" con el que actuó el imputado, acordó ordenar a las empresas que dotaban de electricidad a la vaquería que interrumpieran el suministro.

A las 11:00 del 8 de octubre, trabajadores de la compañía llegaron a la instalación para ejecutar la medida, pero "no la pudieron llevar a cabo por la desafiante oposición del acusado", que utilizó un "tono intimidatorio" con los operarios. El 26 de noviembre de 2009, el Ayuntamiento intentó dar un nuevo paso adelante para conseguir la clausura de la explotación ganadera.

Aquel día, el Consistorio resolvió imponer al propietario una sanción coercitiva de 600 euros por cada semana que continuara la actividad, y el 21 de diciembre agentes de la Policía Local y técnicos municipales acudieron a la instalación para intentar que el propietario cerrara definitivamente el negocio. Pero toparon, de nuevo, con la oposición de A. R. M., quien "impidió deliberadamente la actuación de los funcionarios y se negó a darles entrada a su propiedad".

La resolución subraya que "resulta evidente" que el dueño de la vaquería "consumó el delito de desobediencia grave", pues considera acreditado "la negativa y oposición" del encartado, que "desatendió y no cumplió las órdenes ni alegó causa justa". El magistrado argumenta que existió un mandato "expreso, concreto, claro y terminante" para que el encausado cesara en su actividad, pues durante la vista oral no se acreditó que estuviese acreditado para ello. La sentencia subraya, por otra parte, que las declaraciones de los agentes de la Policía local y del técnico del Ayuntamiento fueron "contundentes, coherentes y sin fisuras", y que el propio procesado asumió que no acató la orden de cierre porque no tenía sitio para trasladar el ganado.