El Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba ha condenado a seis meses de prisión a un vecino de Pozoblanco como autor de sendos delitos de atentado y lesiones leves por agredir a un guardia civil. Según ha informado este lunes la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), cuyos servicios jurídicos han asesorado a la víctima, el agresor también tendrá que indemnizar con 2.300 euros al agente.

Los hechos tuvieron lugar durante la celebración de la feria de Dos Torres en agosto de 2018, cuando dos guardias civiles del puesto de Pozoblanco identificaron y cachearon a un joven que mostraba actitud sospechosa y al cual le encontraron varias bolsitas con MDMA, es decir, éxtasis. El individuo, en ese momento, intentó huir del lugar y, al ser interceptado por uno de los agentes, embistió contra el mismo, lo tiró al suelo y le ocasionó diversas lesiones.

La AUGC recuerda que lleva años denunciando las agresiones, amenazas e insultos que tienen que soportar los guardias civiles en la provincia y en todo el país. Y, de hecho, insiste en que las recientes estadísticas oficiales revelan que el mayor índice de accidentes de agentes se produce por agresiones físicas.

Por ello, la asociación reclama que se modifique el Código Penal para endurecer las penas por este tipo de delitos y hace tres meses dirigió junto al Sindicato Unificado de Policía (SUP) un escrito al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre este asunto. Los agentes entienden que "es preciso acometer una reforma legislativa para adecuar los tipos penales del artículo 550 del Código Penal siguiendo el modelo de otros países de nuestro entorno".

Desde el Ministerio del Interior -recuerda la AUGC- se valoró positivamente dicha propuesta conjunta, pero por otro lado en una respuesta parlamentaria ha rechazado ese agravamiento de las penas, algo "incomprensible".

Es "desolador" ver lo barato que sale agredir a un agente en España, "con penas irrisorias e indemnizaciones que en la mayoría de los casos no se pagan al declararse insolventes los agresores". Esta situación "contrasta" con el sistema penal de otros países próximos, como el francés, donde no solamente los gendarmes y policías gozan de una protección judicial mucho mayor, sino que además dicha protección se extiende a los bienes, propiedades y familiares de los agentes.

"Es evidente que la levedad de las penas por agredir a trabajadores de la seguridad pública propicia este tipo de delitos", inciden. Por ello, los servicios jurídicos de AUGC anuncian que seguirán "defendiendo a sus afiliados, personándose en todos estos casos para reclamar las mayores penas posibles y las indemnizaciones que correspondan a los guardias civiles afectados".