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Condenadas 30 personas desde agosto por los enganches de agua ilegales

  • El juez impone multas e indemnizaciones de 5.000 euros por los daños ocasionados a Aqualia

  • Los denunciados reconocen que sus conexiones a la red carecían de contador

Los agentes, durante una de las inspecciones efectuadas. Los agentes, durante una de las inspecciones efectuadas.

Los agentes, durante una de las inspecciones efectuadas. / el día

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción único de Baena ya ha impuesto 30 condenas a otros tantos investigados por delitos leves relacionados con fraudes en la red de agua como resultado de la denominada operación Sequía, desarrollada por la Guardia Civil desde el pasado verano. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) concretaron que entre el día 23 de agosto y el 31 de enero se han celebrado una treintena de juicios inmediatos por estos hechos; otros 15 se encuentran pendientes.

Las sentencias, muy similares, condenan a los implicados a tres meses de multa, con una cuota diaria de cuatro euros -en total, 360 euros-, y al pago de una indemnización de 4.990 euros a la empresa Aqualia, que gestiona el suministro hídrico en la localidad de la Campiña Este, por los daños causados. Una de las sentencias a las que ha tenido acceso el Día relata cómo el 10 de julio, sobre las 09:20, el jefe de servicio de inspección de Aqualia se personó junto con agentes de la Guardia Civil en un domicilio sospechoso para realizar una revisión de agua potable. Allí se observó "la existencia de un latiguillo que no disponía de un contrato en vigor ni de contador", según el capítulo de hechos probados de la resolución judicial. El importe defraudado en el último año ascendió a 4.990 euros, cantidad idéntica a la que ahora los implicados deberán abonar en concepto de indemnización. Durante la vista oral, el vecino asumió que "carecía de contador".

La investigación arrancó a raíz de una inusual y frecuente rotura de las conducciones

Ese mismo día, a las 12:20, la Guardia Civil y los técnicos de Aqualia inspeccionaron una segunda vivienda con idénticos resultados: existía un latiguillo que puenteaba la red general sin pasar por un contador, lo que asumió el denunciado en el juicio. Tampoco había contrato en vigor. La condena es idéntica a la de la primera resolución, según las fuentes consultadas.

Un total de 45 personas investigadas en la localidad del Guadajoz, 200 inspecciones efectuadas y un fraude de más de 220.000 euros son algunos de los datos de la operación Sequía de la Guardia Civil, un dispositivo pionero en la provincia de Córdoba contra la defraudación de fluido en la red de agua potable. La investigación se puso en marcha a mediados de julio, cuando Aqualia detectó una inusual y frecuente rotura en las conducciones.

La compañía contactó con el puesto de la Guardia Civil de Baena, cuyos agentes empezaron a tirar del hilo de la mano de los técnicos de la empresa hasta concluir que un elevado número de vecinos del núcleo principal y de la pedanía de Albendín, a título particular y sin que la investigación haya acreditado que participaran profesionales, estaba haciendo conexiones irregulares a la red para ahorrarse la factura del agua. Así, sin que conste que existiera un grupo criminal especializado en este delito, que el Código Penal sanciona con multas, el boca a boca parece que se extendió y las conexiones ilegales empezaron a proliferar en explotaciones agrícolas y ganaderas, domicilios particulares e incluso viviendas con piscina ubicadas en zonas residenciales de alto nivel, como en su día explicaron los mandos del Instituto Armado en la provincia.

Los medios empleados para llevar a cabo las conexiones ilegales consistían fundamentalmente en la sustitución del contador por una tubería, en algunos casos de varios metros de longitud, que conectaba la red general con la particular, aunque en otros casos se ha detectado la colocación de un baipás que conducía el fluido al interior de la propiedad sin pasar por el contador, con lo cual no dejaba constancia de su registro. Este método más sofisticado estaba oculto por lo general con obra de mampostería con lo cual hacía muy complicada su detección. Así, los agentes se ayudaron de medios tecnológicos como cámaras endoscópicas y geófonos para la detección de fugas por método acústico, e incluso de medios mecánicos como máquinas excavadoras y retroexcavadoras. En cuanto a Aqualia, se vio obligada a contratar a personal externo a la compañía debido al volumen de trabajo.

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