El Campo de Aras de Lucena podría quedarse sin agua en un mes: la CHG rechaza las alegaciones de los vecinos

El mes de marzo podría finalizar sin agua corriente en el diseminado de Campo de Aras de Lucena donde, en el período estival, habitan más de 4.000 personas. Las alegaciones formuladas por los vecinos de este núcleo poblacional han resultado estériles y el expediente sancionador impulsado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) concluye con una propuesta que resuelve la paralización del suministro en un plazo inferior a un mes.

A finales del pasado año, el organismo gubernamental, a partir de una denuncia del Servicio de Control y Vigilancia del Dominio Público Hidráulico, impulsaba un procedimiento administrativo al cotejar, en principio, que la explotación de captación de aguas subterráneas carecía de la autorización preceptiva. Era un análisis inicial efectuado, además, en una zona de protección sobre el abastecimiento, y que luego confirmó en una nueva comunicación girada por el ente dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el pasado 11 de este mes de febrero.

Una vez comunicada la proposición de la instructora, ante la seria y próxima amenaza de la interrupción del suministro de agua a unas 500 familias, dos bares y naves industriales, el Ayuntamiento ha abierto una ronda de conversaciones tanto con representantes de la CHG como con miembros de la asociación de vecinos Crisaras.

En la última sesión plenaria, celebrada este martes y, nuevamente, en formato telemático, el alcalde, Juan Pérez (PSOE), procuraba rebajar la preocupación y expresaba, con cautela, confianza en un final favorable a esta compleja tesitura puesto que “hay voluntad, por todas las partes, por encontrar el camino”.

En primera instancia, técnicos municipales y miembros del equipo de gobierno socialista, entre ellos, al primer edil, exploraron diferentes fundamentos normativos a plasmar en el último plazo -de diez días- concedido por Confederación para remitir una defensa ante la anulación de las conexiones con el Nacimiento de Zambra.

Seguidamente, el edil de Urbanismo, César del Espino y Pérez compartieron una primera entrevista con la jefa de gabinete del presidente de la CHG, Joaquín Páez, como contacto previo a una cita formal con el máximo representante de este ente dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Una petición que, admite Pérez, no encontrará una respuesta satisfactoria de “manera inminente”.

Al contrario que en ocasiones precedentes, Pérez sí ha evidenciado una implicación explícita del Ayuntamiento en la redacción de las alegaciones y ha avanzado que “tengo la idea de cómo tenemos que trabajar y en qué línea hay que trabajar”.

La primera intención situaba en este viernes el encuentro bilateral con los miembros de la asociación de vecinos Crisaras, responsable de las canalizaciones de agua potable y destinataria de una sanción que también incluye una multa económica de 2.010 euros. En la sesión plenaria, Izquierda Unida, por significar un “gran problema” y un “conflicto mayúsculo”, demandaba más celeridad al regidor socialista en su reunión con los vecinos afectados, “porque no tenemos plazo” y, probablemente, se adelantará a este miércoles. El portavoz de Izquierda Unida, Miguel Villa, preguntaba: “¿Qué hemos hecho con este asunto que ya lleva meses?".

Un curso factible de los acondicionamientos comprende la ratificación de Confederación en la propuesta de sanción. Una nueva denegación de las alegaciones remitiría directamente a la jurisdicción contencioso-administrativa.