Provincia

Ayuntamientos de IU estudian aplicar una tasa a las compañías energéticas

  • Los municipios de Almodóvar del Río, Fernán Núñez, Castro del Río y Montemayor buscan un "ingreso extra" mediante el cobro de un impuesto por el uso privativo del espacio público

Alcaldes y ediles de Almodóvar del Río, Montemayor, Castro del Río y Fernán Núñez, con representantes de Gonzalo Abogados.

Alcaldes y ediles de Almodóvar del Río, Montemayor, Castro del Río y Fernán Núñez, con representantes de Gonzalo Abogados. / el día

Implantar una nueva tasa a las compañías energéticas por la utilización del espacio público local. Éste es el objetivo de un grupo de ayuntamientos gobernados por Izquierda Unida que ayer mantuvo una reunión informativa en Almodóvar del Río con el gabinete jurídico Gonzalo Abogados para asesorarse en la fórmula a seguir para aprobar en los municipios una tasa dirigida a las compañías eléctricas y de gas por "utilización privativa del dominio público municipal".

El encuentro contó con la presencia de alcaldes y tenientes de alcalde de los municipios de Castro del Río, Fernán Núñez, Montemayor y el sevillano Las Navas de la Concepción (gobernado por el PSOE), los cuales querían conocer de primera mano cuáles son los pasos a seguir para poder aprobar una tasa municipal que -recordó el Consistorio de Almodóvar del Río- está avalada por una sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de diciembre de 2016. Dicha resolución, precisamente, se basa en un informe técnico jurídico elaborado conjuntamente por la empresa leonesa Valbuena y Ron Ingenieros y por Gonzalo Abogados.

El primer teniente de alcalde carbulense, Ramón Hernández (IU), manifestó que "no es de recibo que mientras las compañías de gas y eléctricas siguen engrosando sus beneficios anuales, estén exentas de pagar por la utilización de dominio público con sus torres de alta tensión, cableado, casillas u otras infraestructuras". Los estudios iniciales del Consistorio cuco señalan que el término municipal de Almodóvar del Río está ocupado por 31 kilómetros lineales de alta tensión, por lo que "pretendemos que nuestro municipio reciba un ingreso extra para hacer frente a su gestión diaria y suponga un aporte a la financiación de las entidades locales".

En la provincia, el Ayuntamiento de La Carlota fue pionero en la imposición de esta tasa, y el ejemplo parece que cundirá. A principios de año, el Pleno municipal aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos -PSOE, que gobierna, el PP, IU y Ganemos La Carlota, que presentó la moción- el desarrollo de una ordenanza para el establecimiento de la tasa por ocupación de dominio público a las construcciones de las empresas distribuidoras de energía en la localidad.

La iniciativa se ampara en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que "establece que las empresas eléctricas, de gas, de agua e hidrocarburos deben pagar a los municipios a los que suministran por aire, suelo o subsuelo un 1,5% de su facturación en el término local e, igualmente, también establece como hecho imponible la ocupación por las instalaciones que atraviesan los municipios aunque no les suministren", según el acuerdo que aprobó el Pleno carloteño. Las últimas sentencias dictadas por el Supremo han legitimado las ordenanzas fiscales de tres ayuntamientos (Arteixo, La Coruña; Serradilla, Cáceres, y Villalcampo, Zamora) en esta materia, y aceptan la valoración de dichos ayuntamientos de las líneas eléctricas y las canalizaciones como construcciones a efectos de cálculo de la base imponible de la tasa por utilización del dominio público. El cálculo de las tarifas de la tasa se realizaría de acuerdo a un estudio técnico-económico que se sustenta en un informe tipo realizado para la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Así, la cuota a pagar se sitúa en una horquilla de entre 3.000 euros y 12.000 euros por metro lineal según el tipo de tensión baja, media o alta. En lo que respecta al gas, oscila entre los 500 euros y los 4.000 euros.

El teniente de alcalde de Urbanismo de Fernán Núñez, Alfonso Alcaide (IU), avanzó ayer que el Ayuntamiento realizará un informe sobre la ocupación del dominio público por parte de las compañías eléctricas, tras lo cual estudiará la posible aplicación de una tasa específica. Alcaide argumentó que, hasta el momento, el Tribunal Supremo ha respaldado las tasas ya aprobadas en diversos ayuntamientos, una situación que ahora estudiará la localidad de la Campiña Sur.

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