La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, destacó ayer que La Carlota se ha convertido en el primer municipio de la provincia de Córdoba que ha completado los trámites necesarios para iniciar, cuanto antes, la regulación de las construcciones ilegales de este municipio, concentradas en sus diez aldeas. El municipio cuenta con el documento de avance de delimitación de asentamientos en suelo no urbanizable, y su Ayuntamiento está otorgando resoluciones de reconocimiento de asimilado a fuera de ordenación (AFO).

El fin último de este procedimiento urbanístico es poder regularizar determinadas viviendas que, a lo largo de la historia del municipio, se han levantado fuera del casco urbano en los departamentos de La Paz, Los Algarbes, Monte Alto, El Arrecife, El Garabato, La Chica Carlota, Las Pinedas, El Rinconcillo, Fuencubierta, y Aldea Quintana.

La alcaldesa carloteña, Rafaela Crespín (PSOE), explicó que la mitad de la población del municipio, de 13.800 habitantes, se encuentra repartida en estos núcleos rurales diseminados, lo que hace particularmente "difícil" su gestión. A esta situación se suma que los habitantes de las aldeas demandan el acceso a los servicios básicos y que el Ayuntamiento quiere posibilitar el "desarrollo ordenado y sostenible" de estos núcleos diseminados, añadió Crespín, de ahí que el Consistorio se acogiera a esta norma autonómica para incorporarlos al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Serrano mantuvo ayer una reunión con el equipo de Gobierno de La Carlota, con el delegado provincial de Agricultura, Francisco Zurera, y con la delegada del Gobierno autonómico, Isabel Ambrosio, para comprobar que este municipio "ha superado la primera fase de aplicación del decreto, ya que cuenta con el documento de avance de delimitación de asentamientos en suelo no urbanizable", explicó la Junta.

La Consejería de Medio Ambiente sostuvo, tras la reunión, que asume el compromiso de trabajar de la mano del Ayuntamiento para "conseguir la fijación de los ciudadanos a su territorio y así evitar la despoblación de estos núcleos históricos".

En concreto, en la provincia de Córdoba son 12 los municipios que están tramitando la primera fase de desarrollo del decreto. Junto a La Carlota, Córdoba, Almodóvar del Río, Montemayor, Puente Genil y Santaella ya han aprobado definitivamente sus respectivos avances de delimitación. Por su parte, Castro del Río, Fernán Núñez y San Sebastián de los Ballesteros están tramitándolo. A todos ellos se unen la declaración de innecesariedad de Benamejí, Añora y Adamuz. Según los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente, diez municipios más están realizando los trámites necesarios para contar con esta última declaración.

María Jesús Serrano apeló a la implicación de todos los ayuntamientos andaluces para que realicen un diagnóstico exhaustivo de la situación real de su territorio y, según este análisis, se establezca la estrategia más adecuada. Asimismo, la responsable de Ordenación del territorio afirmó que la aplicación del decreto es diferente según de la provincia que se trate, puesto que "no tienen nada que ver las construcciones fuera de ordenación levantadas sobre las parcelaciones de Almería o de Málaga con los asentamientos de Córdoba o Cádiz". Para la consejera, "no caben soluciones únicas y es necesario que revisemos algunos extremos de nuestra normativa que, ante la disparidad de situaciones, crean tratamiento injustos", concluyó.

El asimilado a fuera de ordenación (AFO) es un régimen jurídico especial consistente en la regularización administrativa y jurídica de las construcciones edificadas sin licencia municipal que se encuentren legalmente prescritas, lo que implica solventar un problema social, medioambiental y urbanístico. Dicho reconocimiento lo realizan los ayuntamientos previa aprobación de una ordenanza.