El Ayuntamiento llevará a la Fiscalía la ejecución del Polígono Lechero
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El alcalde incide en las irregularidades detectadas tanto en el procedimiento seguido como en las obras y descarta la creación de la comisión mixta que solicita el grupo de IU

Las presuntas irregularidades en la construcción del Polígono Tecnológico Lechero (PTL) de Belmez irán a la Fiscalía de Córdoba. Así lo confirmó ayer a el Día el alcalde, José Porras (PSOE), quien avanzó que el Ayuntamiento ultima ya la denuncia que en los próximos días presentarán ante el Ministerio Público con la confianza de que sea la Justicia la que se pronuncie sobre las anomalías detectadas en dos ámbitos, "la ejecución de las obras y el procedimiento seguido".
El regidor informó de que ya han concluido el informe los técnicos municipales, un documento que cuenta con más de 700 folios. En los próximos días, Porras mantendrá un encuentro con los portavoces de los grupos políticos con representación municipal y el siguiente paso será acudir directamente a la Fiscalía de córdoba. El primer edil se comprometió a informar a los portavoces del trabajo que está desarrollando el Consistorio en este ámbito, por lo que descartó poner en marcha la comisión mixta propuesta por IU, que ostentaba el gobierno municipal cuando las obras se ejecutaron.
"El Ayuntamiento quiere que se esclarezca toda esta situación lo antes posible", dijo Porras, quien recalcó su interés por "poner cuanto antes en funcionamiento el Polígono Lechero". Incidió, además, en su negativa a firmar la liquidación de obra. "No puedo asumir esas presuntas irregularidades y no cabe más que llevarlo a la Fiscalía y que decida la Justicia", incidió.
Porras fue especialmente crítico con el papel desempeñado durante todo este proceso por la exalcaldesa, Aurora Rubio (IU): "No entendemos como después de ocho años desde que se terminó la obra no se ha dado cuenta de que existen irregularidades. Es incomprensible". Según el alcalde, "si hubo irregularidades, ella mejor que nadie tiene que saberlo", pues "fue el Ayuntamiento de Belmez el que pagó a la empresa". Fuentes consultadas por este periódico apuntaron a la existencia de obras que se habrían certificado sin haberse ejecutado e incluso a presuntos desfases contables.
Las actuaciones del PTL comenzaron después de que en enero de 2007 el Pleno del Ayuntamiento de Belmez encargara a la empresa pública Desarrollo Agrario y Pesquero (DAP) la construcción del complejo, que cuenta con un presupuesto de más de 3,5 millones de euros, financiado en su totalidad con fondos Miner. La obra se dividió en varias fases; la primera de las cuales se centró en la introducción de las líneas de conducción, desarrollada por la firma Pavimentos Jiennenses. La infraestructura está ubicada en la finca de La Charneca, paraje situado en las proximidades de la carretera comarcal que une los municipios de Belmez e Hinojosa del Duque, y cuenta con una superficie de 320.000 metros cuadrados.
La semana pasada, Rubio pidió la creación de una comisión mixta de seguimiento del proyecto del PTL. "Tras los incomprensibles e injustificados incumplimientos y los retrasos que siguen acumulando las obras, ante los fracasados intentos de obtener información concreta y veraz y tras las manifestaciones del alcalde, solicitamos la puesta en marcha de una comisión mixta de seguimiento, control y garantías de la inversión de 3,9 millones de euros, financiada al 100% por fondos Miner", dijo. Dicha comisión, según explicó, debería estar compuesta por los representantes designados por cada grupo político del Ayuntamiento y contar con responsables de la Junta encargados de entregar las obras de urbanización del PTL, que en su opinión están "en perfecto estado y conforme al proyecto presentado, aprobado y financiado por el Instituto para la Reconversión de las Comarcas Mineras, y pagado a Agapa por nuestro Ayuntamiento".
La portavoz de IU indicó que si en un mes no se reúne la comisión comenzará con una protesta indefinida. Porras dejó claro ayer que descarta esta posibilidad y que, en cambio, el Consistorio ya ha tomado la decisión firme de acudir al Ministerio Público.
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