La desestimación del recurso formulado por Clece ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales posibilita, tres años después, la adjudicación definitiva de un nuevo contrato de ayuda a domicilio a Lucena.

Dos procesos anteriores, finalmente truncados ante las impugnaciones de entidades concurrentes y de la patronal de este sector sociosanitario, han dilatado hasta ahora una prórroga forzosa en la prestación de esta cobertura básica, asumida por Servisar Servicios Sociales en mayo del año 2019.

En el último capítulo, a priori, de esta intrincada e interminable travesía, a final de septiembre, el Pleno aprobaba con los votos en contra de Izquierda Unida y el Partido Popular validar la adjudicación, propuesta por el órgano de contratación, a la firma Arquisocial. La defensa política de una gestión directa motivaba la posición contraria de Izquierda Unida, mientras que los populares argüían errores procedimentales y en la evaluación económica y técnica al descartar la oferta de Clece para rechazar el acuerdo.

Tiempo después, como vaticinaba el Ayuntamiento, Clece recurrió contra su exclusión. Los técnicos municipales argumentaron, al impedir a esta licitadora continuar en la fase final del concurso público, la inviabilidad económica de su propuesta por la incertidumbre que generaba en el desarrollo del servicio.

Finalmente, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, organismo dependiente de la Junta de Andalucía, ha concluido que la decisión adoptada por el Consistorio “no adolece de error o arbitrariedad” y plasma, en su resolución, que “la empresa recurrente trata de construir una nueva argumentación para justificar la viabilidad de su oferta”.

Alude, además, al pronunciarse sobre las alegaciones de Clece, que “ha habido información o documentación que no fue presentada en el momento procedimental oportuno”. Esta resolución, aún en la vía administrativa, únicamente es recurrible ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses. Una opción que se presume altamente inverosímil.

La firma definitiva, "en unas semanas"

En cualquier caso, expira la suspensión del acto de concesión del contrato y “en unas semanas”, ha avanzado el alcalde, Juan Pérez, el Consistorio lucentino formalizará su nueva vinculación con la empresa Arquisocial. El período inicial es de dos años, extensible a otros dos más.

El importe anual estimado, y que percibirá la prestataria, asciende a 3,6 millones. La propuesta de Arquisocial fija en 14,11 euros, IVA excluido, el precio del servicio, por cada hora de trabajo, de lunes a sábados, y 15,79 euros, para domingos y festivos. La previsión global de horas, en un curso ordinario, se cifra en 249.788 horas.

En el listado de mejoras, la empresa ganadora de este procedimiento ha de garantizar hasta 500 horas de sesiones de fisioterapia y otras 300 de psicología, dirigidas tanto a usuarios como a trabajadoras. Además, el número de comidas, a sufragar por la adjudicataria, aumenta a 3.000 y beneficiarían a receptores de esta prestación de especial vulnerabilidad económica o por necesidad temporal.

El equipo de gobierno culpa al PP del retraso en la adjudicación

Carmen Gallardo, edil de Servicios Sociales (PSOE), ha culpado al Partido Popular de obstaculizar y demorar, al menos, los dos últimos intentos, para culminar esta licitación, al solicitar, primero, un aumento de los salarios y, finalmente, anteponer la oferta económica menor. En este sentido, ha criticado “la incoherencia” de los populares “al señalar que no habían formado parte de la negociación” porque “hemos consensuado todas y cada una de las cláusulas”. Asimismo, le ha afeado al PP que “haya puesto en entredicho la profesionalidad de los servicios de contratación, técnicos de Servicios Sociales y profesionales jurídicos”.

Durante su intervención, Juan Pérez (PSOE), alcalde del municipio, ha expresado “una defensa del trabajo realizado en estos meses” y ha calificado de "tremendamente interesante” el pliego definitivo ya que “consolida, refuerza y protege los derechos de los usuarios y de los trabajadores”.

Una empresa externa verificará la observación de las condiciones estipuladas en el pliego técnico y administrativo y la edil de Servicios Sociales ha insistido en que el Ayuntamiento y Arquisocial entablarán un diálogo conducente a conseguir avances en las retribuciones de las auxiliares.

Finalmente, Juan Pérez ha verbalizado mensajes de agradecimiento a la empresa Servisar, actual concesionaria del servicio, que “ha tenido una actitud ejemplar durante este largo proceso de adjudicación del nuevo contrato, asumiendo el servicio en unas condiciones especialmente difíciles durante el pandemia, con máxima atención tanto a personas usuarias como trabajadoras”.