Asociaciones feministas acusan a la aceitera de un "delito de odio"

El rechazo de una empresa aceitera de Lucena a actualizar el salario a un grupo de tres trabajadoras, cuando sí lo ha hecho con los empleados varones aludiendo a que el convenio aludía expresamente a "trabajadores", provocó ayer un tsunami de airadas reacciones. La discriminación es "tan descaradamente machista y tan descaradamente ofensiva" que debería ser "constitutiva de delito de odio hacia la mujer", según interpretó la Asociación de Mujeres Juristas Themis. "Toda la vida hemos tenido que aguantar que en el masculino estuviéramos incluidas las mujeres, pero ahora además se intenta aprovechar de una manera terrible para discriminar, para tratar desigual, para pagar todavía menos a las mujeres por el mismo trabajo de los hombres. Es inconstitucional, esa conducta debería incluirse incluso como delito de odio", razonó la vicepresidenta de Themis, Altamira Gonzalo.

En el mismo sentido, la presidenta de la Federación Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, señaló que esta decisión de la empresa "seguramente podría considerarse un delito de odio y discriminación" hacia las mujeres. "Es completamente discriminatorio y fuera de lugar, parecería una broma si no fuera porque es verdad", lamentó Besteiro. Gonzalo calificó la actuación de la empresa de "descaradamente machista" y "descaradamente ofensiva": "La Inspección de Trabajo debía de poner una sanción ya a esa empresa por conducta discriminatoria por razón de sexo".

Desde la Fundación Mujeres, su presidenta, Marisa Soleto, aseguró que "esta discriminación salarial directa" por parte de la aceitera es una "tomadura de pelo" a los agentes sociales y a las propias trabajadoras.

La consejera de Igualdad, María José Sánchez Rubio, tildó por su parte de "absolutamente vergonzoso" que la compañía haya empleado una "justificación tan burda" para "lesionar" los derechos de las trabajadoras. "Parece mentira que para un vez que se aplica una perspectiva de género por parte de esta empresa, sea para cargar contra sus trabajadoras", espetó la consejera.

Mientras tanto, en Madrid, los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, calificaron de "golfo" y "sinvergüenza" al empresario. Sordo dejó claro que "en castellano hay palabras que no tienen género, como sinvergüenza" y consideró "surrealista" y "absurda" la razón para no pagar esos atrasos, ya que no se sostiene "desde ningún punto de vista". "Parece una información salida de un diario satírico", dijo, para añadir que da muestra de "la mentalidad instalada en alguna parte del empresariado". Álvarez, por su parte, consideró que "estamos ante un empresario que quiere hacerse una campaña de publicidad gratuita", al que llamó "golfo". Asimismo, pidió a la Fiscalía que actúe de oficio ante lo que consideró "un atropello".

A última hora de la tarde, la empresa emitió un comunicado en el que afirmó que desconocía la denuncia y que "jamás" hubo "ánimo" de incurrir en discriminación. Ante las noticias sobre una "presunta actuación" de la empresa que pudiera suponer "discriminación por razón de género", expresó su "completo desconocimiento de la denuncia que tanto revuelo ha causado". "Jamás ha habido ánimo de incurrir en ningún tipo de discriminación", se defendió. La empresa se reunirá con los sindicatos para "analizar la situación y, en caso de ser necesario, buscar las soluciones pertinentes".