El Campo

Asaja pide a la Junta que haga test a los temporeros para prevenir el covid-19

  • La organización insiste en que los titulares de las explotaciones van a adoptar todas las medidas de prevención necesarias 

Recogida de aceituna en una finca. Recogida de aceituna en una finca.

Recogida de aceituna en una finca. / Sara Núñez

El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, ha indicado que desde la Asociación de Jóvenes Agricultores se considera que "cualquier medida que evite la propagación" del covid-19 entre los temporeros "es positiva y necesaria".

Fernández de Mesa ha señalado que, para ello, Asaja ha estado trabajando con la Junta de Andalucía haciendo alegaciones y mejoras a los borradores iniciales de la Orden que ha publicado el Gobierno andaluz, que desarrolla las guías publicadas a principios de verano por el Gobierno de España y la Junta de Andalucía.

No obstante, desde la organización agraria se considera que hay "algunas medidas que exceden de lo necesario, que se sobrecarga sobremanera la gestión y responsabilidad de las empresas con los costes que ello conlleva, y que la Junta debería ser la encargada de realizar los test como ha hecho, por ejemplo, La Rioja".

De esta forma, el presidente de Asaja ha afirmado que los titulares de las explotaciones agrícolas, ganaderas, cinegéticas y forestales, de forma responsable y solidaria, van a adoptar todas las medidas de prevención necesarias frente al covid-19.

Todo ello "con el fin de procurar que las campañas sean seguras para los trabajadores y prevenir el coronavirus", pero esto "generará elevados costes al agricultor en las próximas campañas, como la del olivar y cítricos, que se desarrollarán en la provincia y que va a suponer un incremento de gastos por explotación de entre 2.000 y 3.000 euros en cada campaña, algunos de ellos excesivos e innecesarios por cómo se ha aprobado la Orden".

Desde Asaja, también se ha solicitado la ampliación de plazas en los albergues para las campañas de olivar y de cítricos porque preocupa la disponibilidad de las existentes en la provincia de Córdoba para los trabajadores que vengan a trabajar durante la campaña agrícola 2020/2021.

En este sentido, las administraciones competentes "deben garantizar la habitabilidad en los albergues, respetando las medidas sanitarias para evitar posibles brotes y garantizar la salud de los trabajadores fuera del marco laboral".

La Orden de 1 de septiembre de 2020, de la Consejería de Salud y Familias, por la que se estipulan las obligaciones que tienen que adoptar los empresarios agrarios cuando quieran contratar a temporeros tiene varios aspectos a destacar.

El primero de ellos, que los titulares de las explotaciones tienen que contar con un plan de contingencia específico de la explotación frente al covid-19, que tiene que ser acorde a la Guía de Prevención del covid-19 que se publicó en el BOJA del pasado 3 de agosto. La Orden estipula que, si el empresario tiene ya contratados a temporeros a fecha de hoy, cuenta con diez días hábiles para contar con ese plan de contingencia. Si no, antes de contratar, deberá elaborar ese plan con su empresa de riesgos laborales.

El segundo aspecto es la obligación de cumplir las medidas preventivas que se recogen en el anexo de la orden, entre las que se encuentra la necesidad de informar/formar a los trabajadores sobre las medidas de prevención; la ubicación de cartelería o la limpieza y desinfección en vehículos tras cada uso, entre otras muchas. De ellas, destaca la de disponer de un listado de los trabajadores temporales, con el teléfono de contacto y el lugar de alojamiento de cada uno de ellos.

En este caso, queda claro que los trabajadores están obligados a facilitar esa información al empresario. Si además el empresario le da alojamiento, tiene que cumplir con otra serie de medidas que se incluyen en el anexo.

El tercer aspecto es la obligación de notificar a las autoridades sanitarias cualquier situación del personal relacionado con la posible existencia de sospechas o casos compatibles con el covid-19. Por último, el cuarto hace referencia a que, si el empresario facilita el alojamiento a los temporeros, tiene que habilitar infraestructuras destinadas al aislamiento de los trabajadores contagiados o sospechosos.

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